Es probable que se trate de un legado histórico, puesto que hace casi un siglo y medio que el Estado tiene fuerte ingerencia en el desenvolvimiento de los asuntos económicos en Tierra del Fuego. En efecto, la venta de la isla de los Estados a Luis Piedra Buena (1868), las concesiones a Popper (1886), las adjudicaciones de tierras iniciadas por Pellegrini (1890) y la instalación de una colonia penal en Ushuaia (1896), fueron algunas de las acciones con las que los gobiernos intervinieron en la asignación de recursos con el propósito de estimular la actividad productiva y el comercio en esta región.
De hecho, en los períodos en los que la actitud oficial fue de marcada indiferencia (como ocurrió entre aproximadamente 1920 y 1958) la economía local permaneció estancada. La única excepción en ese lapso fue el moderado auge impulsado a partir de 1948 por los inmigrantes italianos que vinieron a Ushuaia también merced a la acción estatal.
Luego hubo otra etapa de expansión, a partir de 1958, que asimismo tuvo origen en dos medidas gubernamentales. Por un lado, la instauración de una zona franca en la isla, en reemplazo del sistema promocional del paralelo 42, que propició el desarrollo de un incipiente comercio de importación; por el otro, la adjudicación de yacimientos petrolíferos a una empresa estadounidense, en el marco de la “batalla del petróleo” encarada por Frondizi. Esto último, además, generó la primera fuente de recursos propios para el fisco local, a través de las regalías.
El hito siguiente en materia de políticas oficiales para el desarrollo fue la ley de promoción 19.640, dictada en 1972, que estableció un régimen de exenciones impositivas orientado a compensar las desventajas competitivas de la isla derivadas de su localización geográfica. Combinado con la situación coyuntural de principios de los ochentas, el sistema resultó transformador.
El flujo migratorio determinado por el mecanismo promocional llevó entonces al centro de la escena al nivel local de gobierno, que debió ocuparse de atender una demanda en materia de servicios como vivienda, educación y salud que, por su caudal y ritmo vertiginoso, no encontraba respuestas suficientes en los mecanismos de mercado. Con el tiempo, una parte de esa presión se fue trasladando a los niveles municipales.
La hipótesis de este artículo es que aquella tradición gubernamental protagónica ha impregnado a la sociedad fueguina de una suerte de optimismo estatista, que ha llevado a un segmento significativo de la población, con abstracción del rol desempeñado en el entramado social, a esperarlo todo –o casi todo- del Estado. Esto tal vez explicaría que las sucesivas administraciones provinciales elegidas mediante el voto hayan incurrido, aunque con diferentes graduaciones, en los vicios típicos del populismo, sin olvidar el clientelismo, y también que el aparato estatal haya transitado de modo inexorable hacia la hipertrofia y sus correlatos, la ineficacia operativa y la asfixia financiera, sin que el grueso de la comunidad manifestara demasiada alarma por ello.
El complejo cuadro fiscal del presente, con una estructura del gasto muy rígida, bajísima capacidad de financiamiento propio y muy alto endeudamiento, podría ser el prólogo de un debate profundo, que contemple una redefinición del papel estatal. Hasta que ello no ocurra, seguiremos asistiendo a contrasentidos tales como, por ejemplo, la existencia de organismos que distribuyen supuestos excedentes entre sus empleados mientras hay escuelas que no pueden reponer las lamparitas que se van quemando; hospitales que carecen de insumos básicos coexistiendo con sectores cuyos puestos de trabajo son hereditarios (ergo, han sido privatizados
de facto); y una tesorería que debe hacer malabares para atender a duras penas sus compromisos por gastos de funcionamiento, en tanto la grilla salarial del sector público compite en forma muy ventajosa con la que puede ofrecer el ámbito privado y envía señales muy potentes fuera de la isla. Todo ello, condicionado por la evolución de los recursos provenientes de la coparticipación federal que constituyen la principal fuente de financiamiento del estado fueguino.
Postergar aquella discusión puede conducir a un escenario de alto riesgo, sobre el cual –y a pesar del legado histórico- el Estado del que hoy se espera todo, no sería capaz de dar casi nada.
(La imagen es de Julio A. Roca, factótum de la política argentina por un cuarto de siglo, desde 1880. Durante su primera presidencia, en 1884 envió al canal Beagle una expedición comandada por Lasserre que fundó la Subprefectura de Ushuaia, y en 1886 otorgó una concesión a Popper. En 1896, como presidente provisional del Senado temporariamente a cargo del Poder Ejecutivo, encomendó al gobernador Godoy la creación de una colonia penal en dicha ciudad. En 1899, a poco de iniciar la segunda presidencia, se reunió con su par chileno Errázuriz en el llamado "Abrazo del Estrecho".)
