Lo que deja el 2011

De un modo quizá inevitable, en esta época uno hace un inventario y procura confeccionar un balance. Es conveniente para ello no repetir la práctica, frecuente en ciertos contadores (aunque son los menos, me apresuro a aclarar…), de amañar las cuentas para llegar a resultados agradables a la vista, ya que no a la conciencia.

Aquí van, entonces, los estados de algunas partidas al fin del 2011, según el humilde y leal saber y entender de P&M.

El mundo ya no es lo que era.

Los cimbronazos de la crisis que desde poco antes del 2008 se abate sobre los países más desarrollados, están lejos de haberse aplacado. Por el contrario, el tsunami financiero sigue haciendo trastabillar a la más poderosa economía del planeta, y hasta amenaza con llevarse puesto al sistema del euro.

La polémica sobre lo que resultaría más adecuado para empezar a revertir la preocupante situación también subsiste, dando a entender que la argentina  no es la única dirigencia que parece no alcanzar la estatura que exigen las circunstancias.

Por un lado, no se entiende con claridad de qué manera podría arreglarse un problema de sobreendeudamiento, mediante más deuda, tal lo que parece proponer el premiado estadounidense Paul Krugman a su presidente. En cuanto a Europa, son evidentes las tensiones entre los países-hormigas que pueden exhibir cierta solvencia fiscal combinada con una respetable competitividad (Alemania, claro, pero también algunos escandinavos que están en la UE aunque fuera del euro) y aquellos que, cual  cigarras de fábula, no han hecho previsiones para el invierno que ya llegó.  Pienso en Grecia, con su superpoblada e improductiva burocracia estatal y su sistema jubilatorio cuasi-fueguino, así como en España, en la que “irse al paro” (subsidio al desempleo) se había convertido casi en un deporte para amplias franjas de la población. También pienso en Italia y, en general, en el estado de bienestar europeo que cruje lastimosamente...

En todo caso, uno podría pensar que en la mayoría de los casos mencionados, los gobiernos se gastaron antes de tiempo las herramientas que podrían haber constituido una batería de políticas anticíclicas en un escenario recesivo como el actual. Sin embargo, hay otros factores que juegan.

Por ejemplo, se está asignando una importancia sustancial a la perdurabilidad de muchos –demasiados- bancos que, a todas luces, no han sido prudentes a la hora de administrar inversiones y carteras de créditos, en lo que constituye, sin dudas,  un reflejo del esquema de poder vigente. Sin embargo, creo que los que defienden esta tendencia harían bien en reconsiderarla, ya que lo que ha ocurrido en algunos países árabes por motivos políticos, podría repetirse en Europa por razones económicas. Dicho de otro modo: si el CEO de una entidad financiera prefirió apostar a los beneficios de una timba de alto riesgo, olvidando las viejas y probadas reglas de la sana práctica bancaria,  lo razonable sería que tanto él como la institución que dirige afronten las consecuencias de su error. No son ellos quienes deberían ser sujetos de salvatajes, si es que se concretan

Entre tanto, algunas cosas están sucediendo. La imagen de Obama se ha deteriorado a ojos vista, mientras que el casi grotesco liderazgo de Berlusconi en Italia y la incompetencia de Rodríguez Zapatero en España han debido ceder espacio. Hasta Putin, el frío ex apparatchik ruso que parecía tener bien aceitado un mecanismo para perpetuarse en el poder, siente que el hielo se derrite a sus pies. Ergo, las perspectivas no pueden ser más inciertas.

Mientras China acusa algunos indicios que condicionarían, al menos, su ritmo de crecimiento (con lo que ello implica, en tanto se trata de la locomotora de la economía mundial) y Brasil se abre paso a codazos entre los miembros del G-7, el final de esta novela está abierto.
 
Sintonía fina, patria o dependencia, guarda con lo que vas a  hacer.

El contundente triunfo del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre, ha sido seguido por algunas medidas llamativas por parte del gobierno nacional. La idea subyacente, en el plano económico, parece ser la de curarse en salud ante las amenazas provenientes del escenario global recesivo; el problema es que hay poco margen para políticas anticíclicas, debido al irresponsable manejo del gasto público de los últimos ocho años. De todos modos, los primeros atisbos de ajuste se llevaron a cabo con las características que han conformado un paradigma distintivo de esta administración, como son la recurrencia a despreciar u olvidar el análisis estratégico, la falta de pruritos técnicos e institucionales y la obsesión por el relato. Ellos dirán, quizá con razón, que hasta ahora les ha ido bien actuando de este modo, por lo que no existirían motivos para cambiar.

Así, los recortes de subsidios son presentados como ejemplos de “sintonía fina”, mientras que el control de cambios y las restricciones a la importación se relatan como actos de patriotismo que han derrotado a las “corpo” destituyentes. En cuanto a  las creativas estadísticas oficiales, el gobierno ya ni se preocupa en defenderlas. Sobre esa plataforma está plantado, con mayor firmeza que nunca antes, el poderoso Guillermo Moreno, aquí y ahora identificado como máximo e inapelable artífice del proceso de decisiones económicas oficiales (denominarlo "política económica" sería una indulgencia excesiva). Los ministros del área casi no han podido festejar su designación o confirmación, ya que en lo inmediato han pasado a revestir el carácter de invisibles.


El juego de intercambio de amenazas con Hugo Moyano es, sólo por ahora, una incógnita. El papel de la organización paragubernamental La Cámpora, tanto en el frente sindical como en la relación con los gobernadores (empezando por Scioli) será otro elemento a observar con atención.


El dato de último momento, por cierto importantísimo, es el de la enfermedad de la Presidenta, cuyas implicancias políticas permiten comprobar la realidad institucional del país. En efecto, y haciendo una enfática salvedad respecto de la deseable pronta recuperación de la salud de la Sra. de Kirchner, la diferencia de estatura entre ella y su vice es tal que nadie se atreve, siquiera, a imaginar lo que ocurriría en caso que el reemplazo deba prolongarse por más tiempo que el previsto. Por otro lado, hay que apuntar que la propia CFK abonó esta sensación, cuando advirtió a Boudou con la prontamente célebre frase "Guarda con lo que vas a hacer. Va en bromita y en serio".


E la nave va.

En Tierra del Fuego, como en muchas otras provincias, los candidatos basaron sus campañas proselitistas en el esfuerzo por mostrarse como más cristinistas que los demás.  En el camino quedó el candidato a vicegobernador que representaba a la Cámpora en la fórmula encabezada por Rosana Bertone, mientras que la gobernador Fabiana Ríos conseguía la reelección, quizá por haber logrado pagar los sueldos de los empleados públicos pese a las dificultades notorias de financiamiento.

Finalizando el año, el gobierno central ha prorrogado los servicios de las deudas de las provincias hasta 2014, en lo que aparenta ser la pretensión de inducir a sus autoridades a ordenar sus cuentas. Al mismo tiemp, en Río Negro, el gobernador Carlos Soria puso a 20.000 empleados públicos en disponibilidad y anunció un ajuste fiscal. Algo parecido está intentando el gobernador santacruceño Daniel Peralta, mediante un programa de ajuste que incluye al sistema jubilatorio y que ha despertado la vehemente reacción de los sectores afectados. Otro ingrediente es la aparente toma de distancia del kirchnerismo respecto de Peralta, lo que se manifestó con la falta de apoyo a su proyecto por parte de los legisladores que responden a la Cámpora.

Son datos a tener en cuenta, sin duda. Sin embargo,  Ríos no ha hecho otro comentario que el de aplaudir y agradecer la refinanciación. Aunque las (graves) dificultades de la tesorería y del sistema jubilatorio provincial siguen allí, la nave continuará su derrotero, ya veremos en dirección a qué puerto. Entre tanto, las empresas de turismo sienten la disminución de la demanda externa inducida por la crisis del hemisferio norte, y la industria reza para que el consumo no cambie de tendencia.

Muchas dudas, ninguna certeza.

La gestión transformadora de Ernesto Campos

La conmemoración de la gestión del gobernador Ernesto Campos, que se llevó a cabo la semana pasada en Ushuaia, fue a la vez un acto de justicia y una invitación a reflexionar sobre las posibilidades de una actividad como la política, hoy tan desprestigiada a los ojos de la ciudadanía.

Cuando el presidente Frondizi lo designó en el cargo,  Tierra del Fuego venía de transitar casi cuatro décadas de un estancamiento demográfico y económico sólo interrumpido por el empuje de los inmigrantes italianos que habían llegado en 1948 y 1949. El esfuerzo muchas veces lindante con el sacrificio extremo de los pioneros, de todos modos, no había sido suficiente para modificar las duras condiciones de vida  y la debilidad de una economía restringida apenas a la ganadería ovina, a un rudimentario comercio y a los servicios estatales, en su mayoría provistos por la Marina. Las dos localidades urbanas eran poco más que unas aldeas, mientras que en el ámbito rural, salvo en las grandes estancias de la zona norte, la situación mostraba rasgos de un atraso casi patético.

Sin embargo, la coyuntura ofreció a Campos una ventana de oportunidad que él no dudó en abrir. En efecto, el nuevo gobierno nacional había decidido librar lo que llamó “la batalla del petróleo”, procurando alcanzar el autoabastecimiento de esa fuente de energía mediante una política de adjudicación de contratos de prospección y explotación a empresas extranjeras. Esa actividad había comenzado en la isla en 1949 con la perforación por parte de YPF del “TF 1”, pero no alcanzó un desenvolvimiento significativo hasta que la decisión del gobierno frondizista de incorporar inversores externos posibilitó la instalación de la compañía “Tennessee” en Río Grande.

La explotación petrolera, en primera instancia, derivó en un interesante impulso  para el comercio regional. Asimismo, pronto comenzó a inyectar a las escuálidas arcas del Territorio el flujo de las regalías tributadas por las petroleras, lo que representó un profundo cambio para el esquema financiero del fisco fueguino. Hasta entonces, y dada la muy baja capacidad contributiva de la economía local, los gobernadores habían dependido de las partidas que, a las cansadas y en dosis homeopáticas, les asignaba el gobierno central.

De modo que Campos fue el primero que dispuso de un caudal de fondos relativamente importante sin depender de la benevolencia porteña. Puesto que conocía bien las necesidades de la región desde su época de marino en actividad, diseñó con rapidez un plan de obras públicas que comenzó a ejecutar al poco tiempo, orientado a resolver carencias de infraestructura sanitaria y escolar, a pavimentar calles y a ampliar la provisión de gas en Ushuaia y Río Grande, en la mayor parte de cuyos hogares todavía  se empleaba la leña para la calefacción y la cocción de alimentos. También apuntó a promover el turismo, habida cuenta de la baja perspectiva de contar con inversiones privadas en ese rubro: el primer hotel Albatros y las hosterías de Lapataia, el lago Escondido y la cabecera del Fagnano comenzaron a edificarse durante su gobierno.

El estímulo a la construcción provocó un eslabonamiento que benefició al comercio y el transporte, así como a una actividad maderera hasta entonces sólo incipiente: fue en esos años cuando crecieron los principales aserraderos de la zona.

Eficacia y eficiencia caracterizaron a la gestión. La primera quedó demostrada en la concreción de los proyectos, cosa que no fue fácil porque no obstante lo señalado, “Dios atendía en Buenos Aires”, con todo lo que ello implicaba. Por su parte, la transparencia que hoy recuerdan con afecto los antiguos pobladores, fue paralela a su eficiencia administrativa. Viendo los números del presupuesto de 1961, uno no puede evitar una sonrisa nostálgica al comprobar el equilibrio entre los ingresos y los egresos, así como que –algo  insólito para estos tiempos-  los gastos en sueldos no llegaban a representar siquiera el 9.5% de las erogaciones totales…

Por todo esto, no cabe duda de que la de Ernesto Campos fue una gestión transformadora, de aquellas, pocas por cierto, que no deberíamos olvidar.

(Publicado en la edición de El Diario del Fin del Mundo del 14-12-2011)

Tierra del Fuego aislada por piquetes

A raíz de cortes de rutas en lugares estratégicos por parte de pobladores que protestan contra un aumento de 17% en la tarifa del gas, unos 3.000 argentinos (según las últimas noticias) quedaron "varados" en la región chilena de Magallanes. Para quienes hace tiempo que no miran un mapa de esas latitudes, diré que para viajar entre las provincias argentinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, es necesario atravesar territorio chileno tanto en el continente como en la isla, dado que ambas costas del estrecho de Magallanes pertenecen al país hermano. Por supuesto, ello implica además llevar a cabo el cruce de ese canal mediante el servicio de transbordadores, optando entre el de la Primera Angostura (con buen tiempo, esta travesía demora unos 20 minutos)  y el que une la capital regional,  Punta Arenas, con la pequeña  localidad fuegina de Porvenir (tardando en este caso algo menos de dos horas, salvo inclemencia climática).

La situación da pie a varios comentarios. El primero que se me ocurre es el derivado de la actitud de la cancillería de nuestro país, reclamando a las autoridades chilenas que "arbitren los medios para el restablecimiento del acceso y la salida de la isla", así como "el desbloqueo de todos los pasos cerrados a los automóviles, camiones y personas". Vale recordar -aunque parezca obvio- que Gualeguaychú está en la Argentina, que el bloqueo de sus pobladores al paso fronterizo con Uruguay provocó durante años grandes dificultades al tránsito de personas, vehículos y mercaderías, y que el actual es el mismo gobierno que tensó a extremos inconcebibles la relación con ese país por su cerrada negativa a arbitrar los medios para restablecer el flujo.

Otra faceta es la que podríamos denominar económica y política. Sucede que el gobierno de Sebastián Piñera decidió desmontar el subsidio al consumo de gas para la región magallánica, lo que provocó el incremento en el precio del combustible y las consecuentes protestas de los habitantes. El caso no es comparable, por su relativa magnitud,  con la enmarañada trama de subsidios que el kirchnerismo ha tejido durante su gestión, y sin embargo se ha convertido en un problema muy serio para las autoridades trasandinas. Tanto, que remite a las protestas que hace poco acaecieron en Bolivia cuando el presidente Evo Morales, quizá debido a un súbito ataque de neoliberalismo, también intentó  acabar con los subsidios a los hidrocarburos. La queja popular fue de tal gravedad que el ex dirigente cocalero, presuntamente medicado con renovadas dosis de bolivarianismo, a los pocos días dió marcha atrás a su medida. La moraleja es clara: toda política de control de precios (como lo es un mecanismo de subsidios) puede en determinado momento toparse con "el dilema del día después". Veremos cómo les va con este tema durante los próximos meses a Piñera y Morales, pero lo más interesante (o entretenido)  para nosotros será cuando aquí llegue el momento de revisar los subsidios al transporte.

Por último, una cita al "componente argentino" de este episodio. Después de varios días de interrupción del tránsito, las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego recomendaron  a la población no trasladarse a la zona. No obstante, el domingo pasado unos 1.400 fueguinos en plan vacacional lo hicieron, y una vez en el lugar, como era de esperar, se mostraron indignadísimos, negándose a regresar. Fueguinos y argentinos, hasta la médula...

La imagen es de Perfil.com

El límite de las mentiras

La editorial Zagier & Urruty está especializada en la temática patagónica y antártica, publicando colecciones de cartografía, guías para viajeros e historia de la región. A esta última pertenece "El límite de las mentiras", del autor argentino  Gerardo Bartolomé.

Se trata de una biografía de Francisco Pascasio Moreno, conocido como El Perito, un personaje al que -como tantos otros- la historiografía ha mantenido en un plano secundario. De su trayectoria el argentino promedio sabe bastante poco (como ocurre, por ejemplo, con Piedra Buena), al punto que me atrevo a decir que una gran mayoría apenas lo recuerda de un modo más o menos difuso como nuestro representante en las negociaciones con Chile de principios del siglo pasado, por cuestiones limítrofes. Ese perfil es tan real como insuficiente, ya que la intensidad de su vida aventurera y la pasión con que acometió sus responsabilidades hubieran justificado un enfoque más atento.

En buena medida, el libro de Bartolomé viene a cubrir esa brecha, con un reseña novelada de los principales acontecimientos que signaron su trayectoria. Al terminar la lectura, uno se queda con una imagen del protagonista que supera en mucho a la conocida,  determinada por la foto de sus últimos años, que lo muestra con la barba encanecida y un sereno aire doctoral.

Moreno, por el contrario, fue un torbellino que abrazó con idéntico fervor la actividad científica y la función pública. En el primero de esos campos, obtuvo reconocimientos y premios internacionales, fundó la Sociedad Científica Argentina y fue el creador y primer director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fue funcionario de los gobiernos de Avellaneda y Roca, quienes apostaron por su amplio conocimiento de la región patagónica y sus dotes de avezado negociador.

Realizó múltiples expediciones a los inhóspitos territorios patagónicos y  estuvo más de una vez a punto de perder la vida a manos de los indígenas, episodios que el libro relata con profusión de datos. Sin embargo, esas dificultades no le impidieron ganarse la confianza de mapuches y tehuelches, por quienes mucho hizo en la medida de sus posibilidades. También lo respetaron y ayudaron de modo decisivo los esforzados y escasos pobladores no aborígenes de la región, entre ellos los colonos galeses de la incipiente Trelew de aquellos años.

Varios son los personajes que la novela describe en su transcurso. Uno de ellos es el italiano Clemente Onelli, fiel y eficaz asistente de Moreno tanto en el museo platense como en sus viajes por el sur. También caciques bravíos y poderosos como Sayhueque (quien facilitó su huida después que un consejo de capitanejos lo había condenado a muerte) e  Inacayal. La otra figura que resalta en el relato es la del General Roca, cuya visión estratégica y dotes de tiempista le permitieron, en 1881, inducir a Chile a firmar un tratado de límites (aprovechando la coyuntura derivada del conflicto de la nación trasandina con Bolivia y Perú), para  luego postergar la resolución de las cuestiones pendientes hasta la época de su segunda presidencia en que la Argentina había logrado equiparar el poderío naval de su vecino.

El título de la obra refiere a las múltiples "mentiras patrióticas" que tanto los chilenos como los argentinos llevaron a cabo durante las negociaciones por la demarcación de los límites, que fueron desde la desembozada falsificación de mapas y cartas hasta el desvío de un río a pico y pala.  Por cierto, la reseña derriba el mito de la  victimización argentina, al evidenciar  que las maniobras y engañifas provinieron de ambos lados.

Es un libro interesante que se lee con fluidez y constituye una prueba de la riqueza histórica de la Patagonia, a la que el cine nacional, lamentablemente, aún casi no le ha dedicado su atención.

   





 

La distancia entre la teoría y la práctica

"Durante muchos años enseñé teoría económica. Me gustaría pensar que me he ganado la vida honestamente, pero a veces tengo mis dudas". La frase pertenece a Joan Robinson, la economista británica que introdujo -entre muchos otros aportes-  la teoría de la competencia imperfecta, y me vino a la mente tras los recientes escandaletes registrados en el Congreso nacional en torno a la ley de presupuesto público para el año próximo.

Y es que por algún tiempo, al igual que ella (salvando las abismales, inconmensurables distancias) procuré que los chicos del Colegio Nacional de Ushuaia  aprehendieran las características que hacen que el presupuesto sea considerado como la "ley de leyes". Con lo que yo suponía un noble fin, peroré una y otra vez acerca de su rol como herramienta fundamental para la planificación, administración y control de la actividad estatal.  Insistí con sus características de expresión financiera del plan del gobierno y con su función de asignador de los recursos del Estado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Convencido de la veracidad de mis afirmaciones, les explicaba a aquellos adolescentes que el debate del proyecto enviado cada año por el Poder Ejecutivo implica un ejercicio casi sublime de participación democrática. Les decía, palabras más o menos, que cuando en la instancia legislativa ese proyecto es analizado, discutido, modificado y -finalmente- aprobado, se concreta en la práctica el derecho del pueblo para establecer (a través de sus representantes legítimamente elegidos) las prioridades del Estado en materia de gastos para el funcionamiento de sus distintas dependencias y el desarrollo de infraestructura, así como para obtener mediante impuestos y otras formas de financiamiento, los fondos necesarios para atenderlos.

Creo que terminaba señalándoles que el documento es de cumplimiento obligatorio para el gobierno, y que ningún gasto puede ejecutarse si no está allí contemplado.

La realidad me desmintió la semana pasada de un modo terminante. Por un lado, el Ejecutivo no admitía ni el cambio de una coma a su proyecto,con argumentos que llegaron al disparatado extremo de requerir que se respetara el duelo de la Presidenta otorgándole el presupuesto que pedía... Por otra parte, algunos integrantes de la oposición aprovecharon el momento para dirirmir una interna partidaria, mientras otros tronaban con denuncias de presiones oficialistas, como si se tratara de algo inédito.

Lo más probable es que para el próximo ejercicio el gobierno funcione con una prórroga del presupuesto 2010. Ello le permitirá disponer a discreción de la recaudación impositiva que excederá lo previsto para este año, en buena medida como consecuencia del proceso inflacionario. Desde el arco opositor, sin embargo, no parece haber disposición para hacer valer su mayoría imponiendo un mecanismo para que en tal caso, se obligue al gobierno a debatir en el Congreso el destino de esos fondos excedentes.

Quizá alguno de mis alumnos de antaño se acuerde hoy de mis clases. Espero que piense que fui apenas un ingenuo...

(La imagen de Joan Robinson pertenece al sitio EMVI)

Primero cazar el oso, luego vender la piel

Cuando leí la noticia en Sur54, pensé que los tipos están vendiendo la piel antes de cazar el oso.  Jorge Martín, intendente radical de Río Grande que está por culminar su tercer período como tal, y Jorge Garramuño, miembro del Movimiento Popular Fueguino y, a su turno, intendente de Ushuaia durante tres fases consecutivas, han alcanzado según parece un acuerdo con vistas a las elecciones a gobernador de 2011.

Lo llamativo, o lo que suena un tanto ruidoso, es que la coincidencia consistiría ante todo en una "coparticipación del gobierno", expresión que significa -según lo aclaró luego un operador del riograndense-que habrá un reparto previo de los cargos ministeriales entre ambas fuerzas políticas. Esto es, que la primera acción conjunta será la definición acerca de qué ministerios y secetarías corresponderán a una y otra fracción.

Nada se ha dicho, en cambio, sobre las coincidencias programáticas que uno, en su ingenua inocencia, consideraría prerrequisitos imprescindibles para cualquier acuerdo. Pero, claro, estamos en la Argentina, un país en el que los partidos políticos han desaparecido, siendo desplazados por los "espacios" cuando no por los personalismos duros y puros.

Así que podemos imaginar esta secuencia: primero, la distribución de ministerios; a continuación, la campaña electoral que culmina en el acto eleccionario; seguidamente, y considerando el mejor escenario posible para esta alternativa, la asunción del gobierno. Y sólo en último término, la realización de una reunión de gabinete en la que el flamante gobernador y sus ministros se preguntarán: "Y ahora, ¿qué hacemos?"

Amigas son las amigas

Los indicios acerca del alineamiento de Fabiana Ríos con el kirchnerismo son, desde hace algún tiempo, groseramente explícitos. Los motivos de tal fenómeno, aunque sorprendentes para un observador que recuerde por lo menos la denuncia penal que la actual gobernadora presentó años atrás contra el entonces presidente Kirchner, son comprensibles. La Argentina, un país formalmente federal, es unitario de facto, en especial en lo referido a la asignación de los recursos fiscales. De tal modo, la caja -que le dicen-  es el instrumento del gobierno central para disciplinar a los gobernadores, característica que la actual administración ha perfeccionado hasta niveles casi perversos. Se trata de la reproducción, corregida y aumentada, del mecanismo que Kirchner llevó a cabo con mano de hierro durante sus años como gobernador de Santa Cruz, con respecto a los intendentes de esa provincia.

Por más que el sistema de coparticipación de impuestos nacionales contempla un determinado esquema de reparto, la Nación -que es la que recauda los tributos por delegación de las provincias-  abre o cierra el grifo para las jurisdicciones locales en forma discrecional. El kirchnerismo ha agregado a ello los llamados "superpoderes" por los que cambia a su gusto y paladar la composición de las partidas presupuestarias, y los "fondos fiduciarios", un invento dado a luz durante los malditos noventa para manejar recursos públicos por fuera del Presupuesto, que las actuales autoridades no sólo abrazaron sin mayores escrúpulos sino que también perfeccionaron.

Como resultado de tal entramado, la mayoría de las provincias depende de las asignaciones de coparticipación para pagar los sueldos, y de la plata de los fondos fiduciarios (cuyos caminos conducen, invariablemente, al Ministerio de Planificación Federal) para ejecutar obras.

Cuando Fabiana Ríos asumió, la situación fiscal de la Provincia casi no podía ser peor. La sucesión de disparates irresponsables perpetrados por sus antecesores, Colazo y Cóccaro, dejó al tesoro provincial inmerso en una crisis gravísima. Para colmo, la mezcla de improvisación y de terco ideologismo que caracterizó al gobierno en sus primeros momentos, tendía a agravar el cuadro. Los sindicatos estatales, por su parte, alimentaban el incendio con algunos baldes de combustible.

Esto es lo que permite comprender que la administración provincial haya virado, lenta pero inexorablemente, hacia el campo político del oficialismo nacional, que poco a poco fue aportándole -en dosis homeopáticas-  el oxígeno necesario para evitar su hundimiento. Comprensible, insisto, al punto que es lo que hacen todos los demás gobernadores; más aún, es probablemente lo que hubiera hecho cualquier otro elenco político dadas las circunstancias apuntadas.

Pero no por comprensible deja de ser, por un lado, bastante triste. La fragilidad institucional argentina, por no hablar de decadencia, se manifiesta con este tipo de episodios de manera clarísima.

Pero hay algo que a uno lo subleva. Me refiero al disfraz ideológico con que los funcionarios provinciales pretenden cubrir una decisión signada por la necesidad, haciendo que parezca dictada por la voluntad. En un reciente reportaje televisivo, la gobernadora se refirió a la expropiación de la cuasi quebrada Aerolíneas Argentinas y a la apropiación compulsiva de los ahorros privados depositados en las AFJPs, como ejemplos de acciones del gobierno nacional que le permiten a ella no tener (no lo dijo con estas palabras, claro) cargos de conciencia al momento de alinearse con las políticas de Cristina Fernández. La potencia de tales medidas es notable, ya que logran evitarle además cualquier incomodidad ante tropelías como el caso Skanska, las valijas voladoras, los negociados de la diplomacia paralela con Venezuela o el sostenido crecimiento patrimonial del multimillonario matrimonio gobernante.

Entre tanto, sus funcionarios señalan que el gobierno ha logrado seguir pagando los sueldos sin efectuar ajustes. Nada dicen, tampoco, de la postergación de los vencimientos de la deuda con que han sido beneficados por el gobierno central, deuda que por otra parte, la próxima administración deberá afrontar, ni del estado patético de los servicios que el Estado provincial brinda a la población, porque de eso no se habla. En cambio, como ícono de la supuesta identidad ideológica con el proyecto, el Canal 11 de Ushuaia ha pasado a denominarse "la televisión pública fueguina". Por suerte, no emite -hasta el momento- una versión local de 6, 7, 8.

La vida por un LCD

(Nota preliminar:

El contenido de este post está dirigido

en forma especial a los lectores fueguinos.

Espero que no se me acuse por ello de disciminador)

Con empeño digno de mejores o, quizá, más importantes causas, desde el ámbito político local se viene bregando en estos días por una consigna de indudable corrección: cada fueguino debe tener su LCD barato.

Como ocurre con toda premisa enraizada en el sentimiento popular, el periodismo se ha hecho eco de ella levantando una bandera: que los beneficios del régimen promocional lleguen a todos.

Lo ha expresado con claridad la gobernadora: es necesario que las ventajas de la ley 19.640 no se limiten "sólo a los puestos de trabajo", sino "que permitan a todas las familias de la Provincia acceder a tecnología de punta".

Así es que están apareciendo ya las ofertas de los diversos comercios, aunque según parece, con algunas limitaciones dadas por cupos. Lo cual refleja un aspecto que no suele ser considerado: las fábricas sólo realizan el beneficio previsto en el sistema promocional cuando venden el producto fuera de la isla.

También hay otras cuestiones que a la luz de las afirmaciones de los funcionarios y los comentarios periodísticos, no estarían siendo ponderadas. Una de ellas, que muchos convenios colectivos de trabajo en el ámbito provincial contemplan  adicionales "por zona desfavorable" que, en ciertos casos, alcanzan valores sustanciosos. Otra, no menos significativa, es que la citada ley establece la exención del impuesto a las ganancias, por lo cual un importante segmento de los asalariados fueguinos no lo paga, cuando debería hacerlo si residiera en cualquier otro punto del país. Como se comprende con facilidad,  la interacción de ambos factores fortalece el poder de compra del salario en Tierra del Fuego.

En fin, es posible que el tema pierda relevancia cuando finalice el Mundial de fútbol. Aunque un querido pero pesimista amigo decía hoy en una mesa de café que tal vez el desinterés cunda ya al culminar la primera ronda. La boca se le haga a un lado...

Importemos al Pepe

¿Quién dijo que todo está perdido? El que así lo cree, acaso no ha leído los conceptos del presidente uruguayo José Mujica en un reciente discurso ante los trabajadores de la petrolera estatal Ancap. Conceptos como estos:

• "No son dueños de la empresa. Esta empresa no es propiedad de ustedes, esto es propiedad del pueblo uruguayo. Nunca pierdan de perspectiva el objetivo".
• "No se puede seguir con un Estado paquidérmico, sin compromiso, inventando festividades para no laburar".
• "Todos ustedes son suplantables, lo que no es suplantable es nuestro pueblo. Ustedes no están para servirse, ustedes están para servir. Y en ese servir realizarse como hombres, como mujeres".

Leí esto y me acordé de Martin Luther King, por aquello de "tuve un sueño". Es que, salvando las distancias, en mi sueño un gobernador o una gobernadora de Tierra del Fuego se plantaba ante un piquete de empleados portuarios, o frente a una delegación de ATE, o de cara a unos vociferantes miembros de la DPOSS, y les decía cosas parecidas.

Desperté de mi sueño y empecé a averiguar el costo de un pasaje a Montevideo...

Link: Artículo de "El País" de Montevideo con las declaraciones del presidente Mujica.

Una Ushuaia como la de antes, bonus track

Aunque esperable, es decepcionante. La reacción de la dirigencia política fueguina ante la repercusión  del asesinato del taxista Antonio Toledo, ocurrido la semana pasada en Ushuaia, no fue capaz de superar la chatura, el habitual bajo vuelo de sus integrantes. Un denodado intercambio de acusaciones y chicanas entre intendentes, concejales, legisladores y funcionarios provinciales fue el ¿inevitable? telón de fondo de la tragedia.

Varios dirigentes, a quienes -como se suele decir-  no se les cae una idea ni por casualidad, son duchos en el arte de descalificar al adversario.

Hubo, no obstante, algunas propuestas. La de la policía (incrementar el número de agentes en la calle), comentada en el post precedente, no fue una novedad, aunque de concretarse,  ayudaría.  Los intendentes avanzan, según parece, en la idea de instrumentar un sistema de monitoreo mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos de Ushuaia y Río Grande, una experiencia que ha arrojado resultados positivos en el partido bonaerense de Tigre.

Entre tanto, el debate sigue por carriles que no han sido agotados. La cuestión del control, según argumentábamos aquí, suele incomodar al autoproclamado progresismo que hoy encarna el oficialismo provincial, pero que tiene cultores también en otros referentes políticos.

Un tema latente es el de los asentamientos irregulares, una cuestión que en Ushuaia ha alcanzado niveles preocupantes. Porque cualquier iniciativa que tienda a encuadrar a quienes allí habitan en un marco de legalidad en su más amplio sentido, recibe el inmediato sambenito progre: eso es discriminación. O algo mucho peor: racismo.

Visto de cierto modo, suena hasta irónico. En Ushuaia, se trata de ocupaciones del espacio público (cuya defensa es una consigna básica de la corrección política) y, en particular, de zonas del bosque nativo (ídem anterior) en la perifieria de la ciudad, en las que se han establecido en condiciones de extrema precariedad, segmentos de inmigrantes recientes cuyo traslado hasta allí desde varios puntos del país -dados sus bajos ingresos y escasos recursos-  es muy posible que haya contado con el aliento, cuando no con el financiamiento, de sectores políticos que aspiraron (y aspiran) a convertir a esas personas en espadas, lanzas e infantería de la propia tropa política. Puras presunciones, claro.

En la mayoría de los casos, por lo tanto, no son más que víctimas del clientelismo en su versión más perversa. Sin embargo, entre ellos -hay que decirlo- emergen personajes que desarrollan una impronta delictiva de distintas maneras, ejerciendo unas formas de violencia que van creciendo alarmantemente.

En definitiva, se trata de síntomas de una patología social que los dirigentes harían bien en atender, superando las ataduras ideológicas y su hasta ahora irrefrenable propensión a la politiquería más frívola.

Imagen: "Agosto, 3 PM", acuarela de Eduardo Nicolai

Una Ushuaia como la de antes

El cartel, garabateado en caracteres de color verde, postulaba una utopía: "Por una Ushuaia como la de antes, segura y sin delincuentes". Escrito por un poblador anónimo, estaba dirigido a una clase política que -una vez más- evidenciaba no estar a la altura de las circunstancias.

Una utopía, es cierto, porque no es posible volver el tiempo atrás.  Pero, ¿acaso los políticos no suelen vanagloriarse de plantear utopías? Quienes hoy gobiernan a los fueguinos, como tantos antes que ellos, ¿no prometieron durante la campaña electoral, en cierto modo, realizar las utopías del pueblo? ¿Estaban preparados, siquiera para intentarlo?

La seguridad (en realidad, su falta) resulta un asunto por demás incómodo para el autoproclamado progresismo nacional en sus distintas variantes. La sombra de las dictaduras que sufrimos se transformó para ellos en una bandera: cualquier insinuación respecto de la necesidad de actuar en contra del crimen es tachada de "represiva".

En esa línea de pensamiento, los reclamos ante la inseguridad son descalificados por provenir de "sectores que quieren mantener sus privilegios" a costa de los más necesitados. El prejuicio es recurrente: exigen seguridad los ricos, para protegerse de sus enemigos,  los pobres.

En Ushuaia, la realidad acaba de dar otro rotundo mentís a este paradigma. La víctima del delito no ha sido un industrial poderoso, ni siquiera un comerciante próspero. Antonio Toledo era un modesto taxista, que ayer murió horas después de haber sido apuñalado por un asaltante mientras estaba trabajando.

Ushuaia jamás volverá a ser como la recuerda el redactor de aquél cartel. Pero detrás de la masiva protesta ciudadana de estas jornadas hay mucho más que recuerdos de un pasado ideal que no puede regresar. No se trata, de ninguna manera, del rechazo a un progreso con beneficios y costos.

Está por un lado la bronca por los asentamientos irregulares de personas en la zona alta de la ciudad, que el imaginario colectivo (probablemente con mucha razón)  identifica con la permisividad -cuando no, con el aliento liso y llano-  por parte de distintos estamentos de la política. Asentamientos en los que la precariedad y las carencias de todo tipo han venido conformando un caldo de cultivo para situaciones y conductas de alta conflictividad social.

Está también el hastío por la ineptitud de una dirigencia (incluyendo a políticos y gremialistas) que no se preocupa por responder a los requerimientos de la comunidad, mientras se enrieda una y otra vez en disputas interminables. Por eso es que las críticas no se limitaron a las principales figuras del gobierno provincial, sino que comprendieron a los sindicalistas. Una de las consignas de los manifestantes de estos días expresaba: "No somos compañeros, no somos de los gremios, somos vecinos".

Y, además, existe el descontento por un Estado que no logra superar una ineficacia estructural en áreas básicas como la seguridad, la educación y la salud. Con un agravante: mientras las gravísimas consecuencias de la  incompetencia estatal en materia educativa se difieren en el tiempo,  la insolvencia en materia de seguridad cobra vidas al contado.

De nuevo, aparece la paradoja. Un elenco gubernativo que desde el llano y hasta hoy (a casi dos años y medio de haber asumido) reivindicó con fervor militante el rol protagónico que a su juicio debe desempeñar el Estado en la vida de la sociedad, se encuentra con que no está en condiciones de poner en la calle el número suficiente de agentes y patrulleros. La sensación de  improvisación es inocultable.


Como si se tratara de un hallazgo, los funcionarios avisan ahora que los policías que se venían ocupando de tareas administrativas serán asignados a tareas de carácter preventivo. Habría que creer -aunque es muy dudoso-  que ese trabajo de escritorio lo harán de aquí en más algunos de los benficiarios del tristemente célebre "megapase" de la dupla Colazo-Cóccaro, esa cohorte de incansables bebedores de mate que tan bien la ha venido pasando en estos años.

Mientras, de un modo patético, un legislador oficialista pretendió echar la culpa al sector privado local por su rechazo a un incremento en las cargas impositivas, que supuestamente hubiera permitido financiar mejoras en aquellas áreas críticas. Nadie pareció tomar en serio una lectura de la realidad que pretendía justificar la concepción imperante entre los gobernantes (y una considerable parte de los agentes públicos): que el Estado fueguino existe ante todo para tener empleados bien pagos, por lo que la ejecución de las demás funciones está subordinada a ello. 


Imagen: "Linda mañana", acuarela del pintor fueguino Eduardo Nicolai.

Más de lo mismo (¿hasta cuándo?)

El tiempo transcurre, pero en Tierra del Fuego parece que se lo midiera con uno de los famosos relojes blandos de Dalí.

Las noticias indican que los múltiples conflictos mantenidos por  diferentes gremios y organismos estatales (docentes, ATE, personal de reparticiones diversas como Energía,  Rentas, el Instituto de Vivienda y Obras Sanitarias, empleados de la obra social)  con el gobierno provincial recrudecen. Pasan los días y los meses y la situación no cambia.

El gobierno se debate entre la asfixia financiera, el abrazo de oso del kirchnerato (terrible paradoja la de Fabiana Ríos:  tener que echar por la borda hasta su vieja denuncia penal contra Néstor para aferrarse a la caja de la administración K, justo  cuando la estrella de esta última comienza a apagarse) y las demandas de los mismos empleados públicos que constituyeron su base electoral.

La impresentable dirigencia que los docentes se han sabido dar, entretanto, continúa con su imaginaria lucha de clases, tratando de agudizar las contradicciones. El secretario general del sindicato ha hecho ayer unas declaraciones memorables: "Nosotros vamos a continuar la lucha hasta el final (sic!), los docentes le vamos a garantizar a este gobierno que en caso de no haber un cambio en la voluntad política no habrá un normal desarrollo del ciclo escolar". Sólo le faltó gritar: "Hasta la victoria siempre!"

Insisto: no se trata de un personaje iluminado que se asigna una representatividad que no tiene, sino de un dirigente elegido en forma democrática por sus pares, lo que significa -ni más ni menos- que es fielmente representativo de los docentes provinciales...

¿Hasta qué punto resistirá la cuerda esta tensión?

El precio de los autos

Arden los foros de Internet y las páginas de Facebook frecuentados por los fueguinos. El mismo tema repica a diario en varios programas periodísticos de las radios locales.

¿La preocupación es por el conflicto entre los docentes y el gobierno? ¿Acaso se trata de las probables consecuencias de un sismo? ¿O de inquietudes sobre la salud pública, el medio ambiente, la seguridad?

Nada de eso. El problema que tanto intercambio virtual y verbal genera es mucho más prosaico: el precio de los automóviles en Tierra del Fuego.

"En Rio Gallegos -brama un indignado cibernauta-  un Gol vale 5 lucas menos que acá; un furgón, aca 103 mil, allá 77 mil es una locura." Otro ratifica: "Un amigo compró una Ford Eco Sport en Buenos Aires y se la trajo a Ushuaia por 13 mil pesos menos. Y eso que acá no se paga IVA!!!"

Un economista, un sociólogo o, tal vez, un psicólogo social, se ocupará en algún momento de estudiar la compleja conducta del poblador fueguino promedio respecto de la adquisición de vehículos. Mientras tanto, podemos teorizar -como en una mesa de café- sobre un tema que llama la atención de los visitantes.

A ojo de buen cubero, el parque automotor se destaca por dos características principales: su pujante juventud y la altísima proporción de unidades de alta gama, en especial de "todo terrenos". La compulsión por adquirir el modelo más caro posible, el más grande y/o el más poderoso baña a casi todos los estamentos de la sociedad. Un auto de tres años de antigüedad es viejo.

Un observador desprevenido se sorprende casi con candor al ver los vehículos estacionados frente a las fábricas, o ante la sede de un gremio estatal en asamblea...

De nuevo, partiendo de la intuición se puede afirmar que esa conducta colectiva deriva en una demanda que trepa casi insaciablemente. Y, como lo sabe cualquier alumno de un curso básico de economía, eso crea oportunidades para que los oferentes exijan un precio más alto. Claro, la teoría indica que esa situación hará que en algún momento, ante precios altos, la demanda baje y la escasez de compradores obligará a los vendedores a disminuir los precios.

Sin embargo, en el mercado automotor fueguino eso no ocurre. La demanda sigue siendo alta, por más que los precios crezcan. La reacción de los consumidores se limita a las quejas a las que aludimos al principio.

La economía es, en el fondo, una cuestión de incentivos, y los precios son señales para compradores y vendedores. Así que el comportamiento de la demanda de automotores en Tierra del Fuego no es otra cosa que un fuerte incentivo para que los vendedores mantenga su política de precios.

Mientras eso no cambie, de nada valdrán los exabruptos en Internet ni los reclamos por una intervención del gobierno para "parar esta locura". Los llamados a "papá Estado" para que se ocupe del asunto ignoran que el mercado, esa demonizada entelequia, está compuesto por las mismas personas que, con sus decisiones, determinan el curso de los acontecimientos.

El conflicto interminable

P & M no suele compartir las políticas de la gobernadora Ríos y su elenco. El blog considera que la administración no ha sabido conciliar ciertas convicciones políticas con la disponibilidad de recursos, y que esa falta de pragmatismo -de un modo tal vez paradójico- la ha ido empujando hacia un alineamiento con el gobierno central que muy pocos hubieran presagiado al comienzo de su gestión. Desde hace ya bastante tiempo los legisladores del oficialismo fueguino acompañan acríticamente las iniciativas kirchneristas en el Congreso, procurando justificar su actitud en una retórica nac & pop a la moda, mientras que desde la Capital Federal se asiste a la exánime tesorería provincial para que pueda seguir manteniendo el pago de sueldos y una prestación mínima de los servicios a cargo del Estado local.

La obra pública, en tanto, estará sujeta al funcionamiento de un fideicomiso que el lunes pasado la Presidente/a anunció aquí, fondeado con parte de las regalías por la explotación petrolera costa afuera. El asunto fue presentado -no sin orgullo- como una reivindicación largamente postergada de las aspiraciones de la provincia a percibir parte de ese importante flujo de fondos. Mientras, algunos de esos que nunca faltan -no sería apropiado usar el término "destituyentes", un tanto desgastado ya-  recordaron que el mecanismo de los fideicomisos fue un invento del casi innombrable menemismo para manejar recursos fiscales por fuera del presupuesto y de los requisitos de la normativa que rige la contabilidad pública, cuya utilización, lejos de ser execrada como otras políticas del neoliberalismo noventista, sólo ha aumentado desde 2003 a esta parte.

Pese a tales desacuerdos, ya expuestos aquí en más de una oportunidad, el blog no puede menos que celebrar la reacción que ayer trasuntó la gobernadora, con relación al conflicto con el sindicato de los trabajadores de la educación (no me sale llamarlos maestros o docentes...). Sin embargo, se cree desde este modestísimo y pequeño cyberespacio que se trata de una decisión algo tardía, mientras se atiende con interés al curso de los acontecimientos, esperando ver la forma en que la reafirmación del principio de autoridad anunciada ayer se llevará a la práctica.

La posición sindical, en tanto, parece inmodificable. Con un estilo casi kirchneriano, a cada tropiezo redobla la apuesta. El discurso de su dirigencia continúa siendo tan encendido y combativo como hartante para los que no estamos involucrados en forma directa en el conflicto. En tanto, los chicos flotan,  prendidos al control remoto televisivo, el mouse de la PC o la tabla de skate, esos no lugares a los que los condena la prolongación del paro.

¿Cómo seguirá todo esto?

(La imagen pertenece a El Diario del Fin del Mundo)

Presupuesto, conflicto de poderes y paro docente

La sanción del presupuesto de la administración provincial para el ejercicio 2010 derivó en un conflicto que involucra a los tres poderes del Estado, cuyas consecuencias aún están por verse.

Según se ha publicado, la ley finalmente aprobada contempló una reducción en las partidas presupuestarias para el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, respecto de los valores contenidos en los proyectos remitidos al Ejecutivo. Esto, y la determinación de no prever incrementos en aquellos salarios que superen al de la gobernadora, constituyeron el detonante que hizo estallar la bomba. Una acordada del Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión.

Por un lado, resulta evidente que hubo un manejo político al menos poco cuidadoso de la cuestión por parte del poder administrador, lo cual explica las declaraciones de un funcionario judicial señalando que no había habido consultas previas a la decisión del recorte. Sin embargo, es necesario admitir que el área de hacienda debe compatibilizar y conciliar los requerimientos de los diferentes poderes y organismos, con el cálculo de ingresos, a fin de lograr en lo posible un cierto equilibrio en las cuentas fiscales. Así y todo, lo frecuente (más aún en el caso fueguino) es que se produzca una brecha entre las erogaciones y los recursos presupuestados, que deberá cubrirse con financiamiento (deuda); también es común (e irregular) que el presupuesto no indique las fuentes de ese financiamiento, o que lo haga vagamente.

Por último, debe recordarse que es potestad del Poder Legislativo laudar en última instancia sobre estos asuntos, fijando los valores de las diferentes partidas y los mecanismos de financiamiento en la ley respectiva.

Expresado en otros términos: el proceso presupuestario que se inicia con los requerimientos para el ejercicio, continúa con la formulación del proyecto y deviene en la sanción de la ley (pero que no termina allí, ya que prosigue con su ejecución y el correspondiente control) es el mecanismo establecido en un sistema democrático, por el cual la sociedad -mediante sus representantes- determina el monto de los gastos del gobierno, estableciendo cuáles se llevarán a cabo en el curso del año y cuáles se postergarán.
 

• Costo vs. calidad

Hay al menos dos argumentos en la reciente acordada judicial que llaman la atención. Uno, el de la inconstitucionalidad, porque es precisamente la Carta Magna fueguina la que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo superior al del gobernador. Otro, el que vincula la independencia de los jueces a la cuestión salarial, lo cual parece al menos una exageración. Porque, de ser así, cabría preguntarse cuál sería el nivel de sueldo (¿40.000.-, 50.000.-, 1.000.000.-?) que garantizaría la honestidad de un magistrado: visto de este modo, este planteo en mi opinión suena bastante estrafalario.

La cuestión se enmarca en el interminable forcejeo por los recursos fiscales en que está inmersa buena parte de la sociedad fueguina, lo cual incluye como protagonistas principalísimos a todos los sindicatos de trabajadores estatales (el Estado tiene a su cargo algo así como el 40% del empleo provincial). Por ejemplo, la fueguina ha sido una de las tres jurisdicciones del país en las que este año no han comenzado las clases, debido a un paro docente por tiempo indeterminado. Pero, además, debe tenerse en cuenta que las leyes determinan que una parte de los ingresos fiscales provinciales deban transferirse a las Municipalidades (coparticipación de impuestos federales y provinciales, y regalías por combustibles), y que también hay asignaciones preestablecidas con fines asistenciales y de promoción social. Con lo cual, el margen de maniobra del fisco queda reducida a su mínima expresión. De hecho, en la actualidad la obra pública en su totalidad se financia con fondos nacionales, con lo cual las decisiones en la materia han quedado fuera de la órbita de las autoridades locales.

Se suele opinar respecto de estos asuntos basándose en valores absolutos. Por ejemplo, hay quienes recuerdan que los salarios estatales, incluyendo los de los docentes, están entre los más altos del país , y también quienes apuntan que el régimen laboral (vacaciones, jubilación, obra social) del sector público contempla importantes ventajas respecto de los vigentes para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, hay un aspecto que pocas veces es puesto sobre la mesa, y que se refiere a la calidad de los bienes públicos provistos por el Estado fueguino, comparándolos con el elevado costo salarial que ese mismo Estado (es decir, la sociedad en su conjunto) eroga para brindarlos. Esta relación, como lo ha señalado un reciente editorial de "El Diario del Fin del Mundo", presenta resultados amargantes, por decir lo menos. Sería interesante que la comunidad empiece a plantearse si es posible aspirar a una mejora en los servicios de enseñanza, salud, seguridad, etc. que hoy recibe del gobierno provincial.

Conclusión de este post: de manera recurrente, la cuestión fiscal irresoluta aparece como telón de fondo de todos los problemas de índole política y económica en Tierra del Fuego. Alguna vez, el problema deberá ser debatido sin subterfugios y con honestidad intelectual, punto de partida para plantear soluciones. Entre tanto, seguiremos así.

Link: editorial de El Diario del Fin del Mundo del 1ro. de marzo de 2010.

(La imagen pertenece a Crónicas Fueguinas)

E la nave va

La sucesión de ejercicios fiscales deficitarios que viene arrastrando Tierra del Fuego ha provocado un efecto anestésico en la comunidad local, que parece haberse acostumbrado a esa condición. Como si se tratara de una mera cuestión administrativa, en virtud de la cual la ejecución del presupuesto -a la sazón, reducido a una mera formalidad- se resolviera con la declaración de algún funcionario "blanqueando" la cifra del desequilibrio: "son tantos cientos de millones..." dirá el hombre, e la nave va...

Pero, cada tanto, la realidad se contrapone en forma brusca a esta idílica percepción colectiva. Ocurrió hace poco, cuando el IPAUSS, sigla del organismo que administra el sistema jubilatorio provincial, tuvo graves problemas para pagar los haberes a sus beneficiarios. En medio de los obvios reclamos de estos últimos, se señaló con acierto que el incumplimiento de la Administración Central y de otros sectores del fisco en el pago de los aportes y contribuciones son la causa del desfinanciamiento y el cuasi-colapso del Ipauss. La polémica se extendió a la supuesta intención de la gobernadora de traspasar el sistema al gobierno central a cambio de una asistencia financiera, como lo evidenciaría el envío por parte del Poder Ejecutivo al directorio del Ipauss de un borrador de convenio que parecía apuntar a ello. El organismo lo rechazó, la gobernadora a su vez desmintió que su propósito fuera el denunciado, y la situación quedó en suspenso, no se sabe hasta cuándo.

Es obvio que detrás del desfinanciamiento del Ipauss provocado por los retrasos en las transferencias patronales está (además de las deficiencias propias del sistema) el desbocado déficit crónico. Un presupuesto con déficit implica que para ejecutar todas las acciones en él previstas, dicha brecha deberá ser cubierta (financiada) tomando fondos de diversas fuentes (endeudándose). Si no se logra el financiamiento necesario, porque el nivel de endeudamiento acumulado dificulta contraer nueva deuda, varias acciones (por ejemplo, el pago de las obligaciones con la seguridad social) no podrán llevarse a cabo, por más que estén contempladas las partidas presupuestarias respectivas. Como diría Sherlock: elemental.

¿Significa esto que el gobierno de Fabiana Ríos demora esos pagos por una causa, digamos, perversa? No lo creo. Lo que sucede es que sus disponibilidades financieras le alcanzan para pagar, a duras penas y en forma escalonada, los haberes de sus empleados, y para casi nada más. De hecho, la publicidad oficial sobre los "logros" de los dos primeros años de gestión se centra en forma casi exclusiva en el hecho de haber logrado pagar los sueldos durante ese período. Lo trágico es que no se haga nada para cambiar tan penosa situación.

Sólo se ha procurado generar paliativos, asumiendo altos costos políticos. Pruebas al canto:

• El controvertido convenio con una empresa de origen chino para la explotación de recursos minerales fue gestionado en forma por lo menos desprolija, olvidando el sacrosanto principismo que blandía el elenco oficial cuando militaba en la oposición, porque el fin perseguido era el de allegar fondos por regalías al fisco lo más pronto posible.

• Los legisladores nacionales del oficialismo provincial se alinearon incondicionalmente con las iniciativas del kirchnerismo en el Congreso, dejando de lado cualquier prurito ético, como un modo de allanar las posibilidades de acceder a la asistencia financiera del gobierno central.

• La gobernadora olvidó su antigua querella penal contra Néstor Kirchner, al tiempo que estrechó filas con la presidenta cada vez con mayor frecuencia. En forma un tanto paradojal, esto ocurre justo cuando la imagen del gobierno nacional se deteriora cada día un poco más.

• En igual sentido, se ha anunciado que se pondrá en marcha un mecanismo para financiar obra pública en la provincia con recursos provenientes de la explotación petrolífera off-shore. Claro, se hará a la manera peronista, mediante la creación de un "fondo fiduciario", el mecanismo inventado por el menemismo y continuado en forma entusiasta por sus sucesores hasta hoy, que posibilita el manejo de fondos fiscales por fuera del presupuesto y de las normas de contabilidad pública.

Bueno, después de todo tal vez haya que aceptar que la nave va, aunque no se sepa hacia dónde...

Ushuaia y el matrimonio gay

Tierra del Fuego ha ocupado las primeras planas de los medios nacionales de comunicación, a raíz del matrimonio civil entre dos personas homosexuales, que se llevó a cabo en un registro de Ushuaia tras una autorización decretada por la gobernadora Fabiana Ríos.

A nadie puede escapar que se trata de un tema muy polémico, con numerosas aristas de diferentes índoles, entre ellas las jurídicas y las filosóficas. Lo bastante complejo, además, como para que sea abordado con liviandad y, mucho menos, pretender agotarlo desde el comentario de un blog. Hecha esta salvedad, me quiero referir aquí a algunas opiniones que se han publicado en estos días.

Una de ellas es la del obispo de la diócesis católica que abarca a la provincia, monseñor Juan Carlos Romanin, quien en su crítica ha incluido algunos argumentos llamativos. Dijo el eclesiástico que hay que pensar en las generaciones venideras, señalando que "los niños crecerán pensando que esta conducta homosexual es natural".

Según el diccionario, "natural" tiene varias acepciones. Entre las que parecen apropiadas para este episodio, están:

• Regular y que comúnmente sucede, y, por eso, fácilmente creíble. En este caso, no cabría duda acerca de que se trata de algo natural, puesto que la unión entre homosexuales es algo que suele suceder, nos guste o no.

• Que se produce por solas las fuerzas de la naturaleza, como contrapuesto a sobrenatural y milagroso. Que se sepa, nada haría sospechar aquí de la intervención de fuerzas sobrenaturales.

• Genio, índole, temperamento, complexión o inclinación propia de cada uno. Pareciera que Alex Freyre y José María Di Bello responden, al actuar de tal modo, a inclinaciones propias de cada uno de ellos, a sus respectivos temperamentos e índoles.
  

De modo que difícilmente uno podría aceptar el argumento de "antinatural" lanzado contra la conducta homosexual de los protagonistas. Por el contrario, no se comprende qué tendría de escandaloso que se la considere como algo natural.

Sin embargo, más adelante el obispo advierte que apoyar los matrimonios gay "resulta un acto inmoral grave". Aunque tomó la precaución de avisar que su mensaje era para los católicos, los que no profesan esa religión también pueden sentirse involucrados, del mismo modo que si Monseñor hubiera dicho: "Recuerdo a los católicos que el fumar es pernicioso para la salud".

Entonces, mirando el tema desde ese enfoque, cabe preguntarse bajo qué prisma puede considerarse inmoral que esas dos personas pretendan vivir juntas y acceder además a ciertos derechos. Estarán aquellos a los que el asunto les desagrade, habrá otros que lo apoyen y existirán también los indiferentes. Algunos, por supuesto, lo considerarán discutible en el campo del derecho civil o en el religioso. Pero restringiendo el análisis al aspecto, digamos, ético, habría que admitir que se trata de dos individuos adultos que han elegido libremente vivir juntos. Algo bien distinto, por citar otro caso, a relaciones como las que involucraron a Edgardo Storni cuando era arzobispo de Santa Fé con un seminarista menor de edad, y que determinaron su condena por parte de la Justicia.

Otros comentarios se refieren al supuesto atentado a la institución familiar que estas uniones representarían, como si consagrarlas impidiera o desalentara a los heterosexuales a casarse entre sí o a procrear, algo que suena cuando menos disparatado. En el mismo sentido, se advierte sobre el daño que sufrirían los chicos eventualmente adoptados por parejas homosexuales, una cuestión que sin duda abre otro debate muy intenso; pero, en principio, uno no puede dejar de pensar en las numerosas situaciones en las que padres heterosexuales han maltratado física y psicológicamente (abusos sexuales incluidos) a sus hijos. Josef Fritzl, "el monstruo de Amstetten", que violó durante nada menos que 24 años a su hija Elizabeth, con la que engendró siete niños, es un heterosexual que tuvo otros siete hijos con su pareja, una mujer llamada Rosemarie. Sin embargo, ante semejante barbaridad a nadie se le ocurrió condenar los matrimonios entre personas de distinto sexo.

Por último, otro aspecto, aunque no de fondo, es el que se relaciona con la rapidísima concreción -como si se hubiera adoptado una vía sumaria- del matrimonio en un registro civil de Ushuaia. Sabido es que este organismo, como tantos otros de la administración local, no es un dechado de virtudes en materia de velocidad para el diligenciamiento de los trámites que allí deben efectuarse, por lo que el singular ímpetu administrativo dispensado a Freyre y Di Bello contrasta de modo grosero con la morosa normalidad a que deben atenerse los ciudadanos comunes. Como lo señala hoy un editorial de El Diario del Fin del Mundo, se trata de un privilegio que la gobernadora ha dispensado a estas personas, demostrando que cuando quieren, los políticos logran movilizar el aparato estatal que en otras circunstancias ellos mismo denuestan por burocrático y pesado.

El asunto no ha terminado aquí, de modo que se puede pronosticar un debate intenso y apasionado.

(La imagen pertenece a La Nación)

La polémica por la coparticipación a los municipios

Respecto de la situación del estado fueguino, decíamos tiempo atrás: "... lo que resulta evidente es el agotamiento de una visión "estadocéntrica" que considera que el sector público existe sólo para tener empleados muy bien pagos y con condiciones de trabajo privilegiadas respecto de quienes laboran en el ámbito privado. La expresión económica de ese modelo es a todas luces infinanciable. Cualquier decisión correctiva que se tome tendrá consecuencias dolorosas."

La semana pasada, la gobernadora Ríos impulsó una modificación al Presupuesto 2010, por la que se elevaría el valor de las partidas de erogaciones para salud y seguridad en un monto equivalente al 10% de la coparticipación de recursos calculada para los municipios, cuya simultánea reducción mantendría la cuantía prevista de gastos totales. La noticia, como era de esperar, puso inmediatamente en pie de guerra a los intendentes.

Además de la notable capacidad del gobierno para aumentar el número de sus oponentes políticos, hay varias cuestiones que esta situación pone en evidencia.

Por un lado, el grado de desconocimiento e improvisación con que el elenco gobernante llegó a la función hace ya dos años, algo de lo que P & M ya se ha ocupado más de una vez. El tema de la distribución de los recursos fiscales tenía que ser, por razones obvias, uno de los puntos centrales de cualquier programa de gobierno, y no haberlo planteado desde el comienzo ratifica que no había siquiera un esbozo de plan.

Por el otro, la mezcla de voluntarismo y demagogia que llevó al gobierno a eliminar tiempo atrás (con el consecuente batir sobre el parche del tambor progresista) el arancelamiento de los hospitales públicos, acentuando el desfinanciamiento que hoy pretende cubrir en alguna proporción con la medida comentada.

Vale la pena hacer un poco de historia. Cuando a partir de 1983 el país volvió a la normalidad institucional, las elecciones en Tierra del Fuego -que mantenía su status de "territorio nacional"- determinaban sólo la composición de la Legislatura, por una parte, y de los poderes ejecutivo y legislativo en el nivel municipal. La designación del gobernador seguiría siendo facultad del Presidente de la Nación hasta 1991, cuando la jurisdicción se convirtió en la más joven provincia argentina y el cargo fue sometido por primera vez a la voluntad popular.

Así fue que cuando llegó el momento de tratar en la Legislatura la propuesta de distribución de los principales recursos fiscales (regalías por combustibles, coparticipación de impuestos nacionales y tributos locales) entre las administraciones del territorio nacional y de los dos municipios, el resultado fue una ley que reflejó la relación de fuerzas existente entonces entre las diferentes fracciones políticas. En efecto, el justicialismo detentaba no sólo la mayoría en la Legislatura, sino también las intendencias de Ushuaia y Río Grande, por lo cual el régimen sancionado resultó relativamente beneficioso para el nivel comunal, en desmedro del fisco territorial cuya administración estaba a cargo de un gobernador radical (designado por el presidente Alfonsín).

De modo que en principio hay que recordar que el asunto tiene una antigüedad de casi un cuarto de siglo y que corresponde a una "fotografía" que ya presenta un marcado tono sepia. También es cierto que su resolución no será sencilla, como lo ejemplifica la larga controversia que por el mismo tema mantienen la Nación y las provincias. La complejidad del cuadro patentiza la necesidad de un profundo debate, que abarque a la totalidad de las relaciones del Estado con la comunidad y sus instituciones, el cual no parece avizorarse entre la humareda de la pirotecnia verbal que en estos días intercambian los protagonistas de una y otra parte. Pero que, tarde o temprano, tendrá que producirse.

Hay que volver a pensar al Estado fueguino

Casi a diario, el Estado fueguino muestra los síntomas de su gravísima crisis. La agotadora sucesión de conflictos con los distintos sindicatos de empleados gubernamentales es el emergente más notorio de esa situación, aunque no el único. Los ciudadanos nos estamos acostumbrando a que cualquier servicio a cargo del sector público provincial demore mucho más que lo razonable, sea deficiente o, directamente, no se preste.

Los padres que envían a sus hijos a las escuelas estatales soportan la pérdida de días de clase que los paros docentes han generado. Por supuesto, aunque los huelguistas declaran que los paros se hacen en defensa de la escuela pública, lo que logran es dañarla: hace tiempo que viene aumentando la matrícula en las escuelas privadas. A estas últimas concurren, claro, los chicos de hogares que pueden pagar, mientras que los establecimientos estatales van quedando reservados a quienes no tienen más remedio que aceptar su creciente pauperización.

Algo similar ocurre en el campo de la salud, donde el deterioro de los hospitales -también, acosados por los conflictos salariales- se suma a la crisis financiera de la obra social de los empleados públicos, lo que determina retrasos en los pagos a proveedores y prestadores. Esto último se vincula con el sistema de jubilación de los estatales, administrado por el mismo instituto, que también tiene dificultades para pagar sus haberes a los beneficiarios.

Los proveedores y contratistas que todavía asumen el riesgo de interactuar con la administración, penan por los pasillos de las distintas oficinas entre las que circulan los expedientes, en muchos casos sin saber si alguna vez llegarán a la ansiada instancia de la "liquidación y pago". Hace demasiado tiempo que han entregado los suministros o ejecutado las obras y, en consecuencia, han afrontado los gastos (en salarios, materiales e insumos) derivados de los contratos, por lo que tendrán que asumir como quebrantos los intereses y demás costos provocados por las demoras de la contraparte en pagar lo previsto.

Los trabajadores estatales protestan porque perciben sus haberes en forma escalonada y exigen incrementos casi sin solución de continuidad. De productividad, ni hablemos. Un censo realizado en 2008 por encargo del Gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados (excluyendo la Legislatura y la Justicia) determinó que el 56% de los empleados de la plantilla tiene de 3 a 5 años de antigüedad, lo que implica dos cosas: la primera es que los miembros de ese segmento ingresaron con el tristemente célebre "megapase" de Colazo-Cóccaro y la segunda, consecuencia de la anterior, es que no se les ha exigido requisito alguno de idoneidad o capacitación. Es más: el 65% de los censados respondió que posee la calificación necesaria para su trabajo, de lo que se deduce que no estarían demasiado dispuestos a tratar de mejorar. Y un dato adicional: sólo el 9% posee educación universitaria completa, lo cual ha de ponderarse teniendo en cuenta que el relevamiento abarcó al personal del sector salud.

Una posibilidad es que, de seguir esto así, en algún momento se produzca un colapso de consecuencias dolorosas y hoy difíciles de dimensionar. Pero hay una alternativa: que el deterioro general se vaya acentuando en forma lenta y paulatina, encaminando a una sociedad anestesiada en una pendiente descendente a cuyos costados irán quedando jirones de lo que alguna vez constituyó el entramado de servicios de educación, salud, seguridad, justicia, etc. a cargo del Estado.

Los presupuestos estatales acumulan déficits astronómicos año tras año, con una liviandad asombrosa por parte tanto de las autoridades del Ejecutivo como de los legisladores. Pareciera que el gigantesco y creciente endeudamiento derivado ("Si tienes un dólar de déficit, tu deuda está aumentando", G. Mankiw) es sólo una suerte de entelequia administrativa, una partida más en la planilla de las cuentas públicas, y no un problema grave cuya resolución deberá llegar tarde o temprano y no será gratuita.

Es indudable que los fueguinos deberemos volver a pensar al Estado para actuar en consecuencia, y que eso ocurrirá sólo cuando la comunidad asuma que por esta vía el destino es incierto. El tiempo que transcurra hasta que llegue ese momento determinará la cuantía del daño que sufrirá la sociedad en su conjunto.

Paro por un premio

Hace poco, trabajadores de la aerolínea LAN hicieron un paro que afectó, por supuesto, el servicio a los pasajeros. Las quejas eran dos: que la empresa estaba ganando mucho dinero, y que el costo de los pasajes estaba fuera del alcance de los más humildes.

Días después, hubo otra interrupción de los vuelos, derivada de un conflicto entre dos facciones de un sindicato de pilotos.

Antes de estos episodios, el gravísimo conflicto (aún irresuelto) en la alimentaria Kraft comenzó porque la comisión gremial interna pretendía que las medidas preventivas por la "gripe A1N1" dirigidas a los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo, se extendieran a todo el personal.

La propensión al disparate parece ser contagiosa. Ayer, empleados de una cadena de supermercados impidieron a los clientes el acceso a los locales de Ushuaia, protestando por "la remarcación de precios que afecta a todos los trabajadores de la provincia". A esta consigna le agregaban otra: "por un premio de dos mil pesos a cada uno, para pasar unas buenas fiestas".

Convengamos que se trata de una doctrina al menos original: un premio ya no sería una recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio, como pretende la Real Academia Española, sino un renglón más del salario, quizá sujeto a aportes.

El asunto admite que imaginemos una vuelta más de tuerca: que la empresa acceda a otorgar el premio, financiándolo... con aumento de precios.