En términos de la historia económica, la configuración de lo que hoy llamamos la
seguridad social o el
estado de bienestar (esto es, un sistema gubernamental de jubilaciones, de servicios de salud y educación y de asistencia a desempleados) es un fenómeno bastante reciente, ya que data de mediados del Siglo XIX. En las sociedades primitivas, los problemas de la vejez y -en general- los derivados de la imposibilidad de trabajar eran afrontados mediante la conformación de familias numerosas, en las cuales los hijos iban asumiendo las funciones de los miembros mayores y de los afectados por alguna incapacidad. Luego, y durante muchos siglos, fue el turno de la caridad, ejercida por individuos o por organizaciones (como la Iglesia), en tanto que en el medioevo surgieron los sistemas mutualistas y de seguros.
Tal vez muchos se sorprenderían si supieran que el primer antecedente del estado de bienestar no fue instaurado por un
luchador social, sino por un aristócrata nacionalista y monárquico, el alemán Otto von Bismarck (1815-1898), quien para colmo fue un enemigo acérrimo de los socialdemócratas que con el correr del tiempo adoptarían programas en esencia no demasiado diferentes al suyo. Paradojas de la vida.
Ya en el Siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, estos mecanismos proliferaron en las naciones de la llamada Europa Occidental (mientras en la parte Oriental primaba el estatismo absoluto de tipo soviético) hasta alcanzar un desarrollo notable, al amparo de las políticas keynesianas que posibilitaron el firme resurgimiento de sus economías.
Sin embargo, y tal vez por aquello de "nada es para siempre", los sistemas empezaron a tener problemas debido a cuestiones tales como el envejecimiento de la población (proporciones cada vez mayores de viejos deben ser atendidos con los aportes de los trabajadores), surgidas en buena medida -otra paradoja- de los avances científicos en materia de salud. En particular, los planes jubilatorios, de reparto, comenzaron a ejercer por esta causa una fuerte presión sobre los presupuestos fiscales.
En Europa el asunto está lejos de haber sido resuelto aún. Cada tanto, algún intento por modificar el esquema -por ejemplo, procurando extender la edad de jubilación- genera rechazo social y severos conflictos. El problema es que tu haber jubilatorio actual no depende de cuántos años ni de qué montos has aportado, sino de los aportes que ingresan hoy al sistema.
En la Argentina, el sistema jubilatorio estatal, junto al problema del envejecimiento poblacional, padeció por una evasión estructural y por la utilización que la política hizo de sus fondos para financiar al fisco, hasta que ambos -fisco y sistema- colapsaron con estrépito a fines de los ochenta. La alternativa fue la reforma sancionada en 1994, que instituyó el sistema de capitalización.
La idea era superar las restricciones del régimen de reparto con un mecanismo en el que los fondos irían a cuentas individuales de los trabajadores, administradas por empresas privadas, las AFJP. Como efecto indirecto pero no por ello menos importante, se buscaba generar un mercado de capitales de largo plazo, apuntando a financiar planes de inversiones que sostuvieran el crecimiento económico.
El sistema tenía fallas de diseño -una de ellas, el desfinanciamiento estatal por la derivación de los aportes jubilatorios- que, por supuesto, se hubieran podido corregir (y en algunos casos, así se hizo). Pero sufrió especialmente por los problemas de la economía nacional desde fines de los años noventa. Las carteras de inversiones de las AFJP, en particular, resultaron muy castigadas por decisiones oficiales que no repararon en las consecuencias de largo plazo tratando de apagar los incendios.
En 2007, el gobierno abrió la puerta para que los afiliados a las AFJP que quisieran traspasarse al sistema de reparto, lo hicieran. Comprometió en ello una intensa campaña publicitaria, en la que se involucró el por entonces presidente de la Nación, aunque sin preocuparse en aclarar los motivos por los cuales denostaba al sistema que había apoyado en la década precedente. Pese a semejante despliegue, varios millones de afiliados -testigos de las penurias de sus padres como
beneficiarios del sistema de reparto- optaron por quedarse en el de capitalización.
Pero esos votos no fueron suficientes. Con declamado paternalismo, el kirchnerato decidió
protegerlos, y para ello se apresta a confiscar tanto el flujo de sus aportes como los activos que administran, sólo administran, las AFJP. Las consecuencias de la decisión, en un entorno de pánico determinado por la crisis internacional, están a la vista. Pocos días después de afirmar que el mundo ha vivido equivocado, la administración de Cristina Fernández parece no poder salir de la sorpresa que le causa lo que a nadie, fuera del gobierno, sorprende.
Del otro lado, la oposición no insufla espesor al debate. Pseudo-opositores del tipo de María América González o Claudio Lozano plantean divergencias, si se quiere, instrumentales, apresurándose a declarar sus coincidencias ideológicas con la estatización. Como si la ideología fuera lo que motiva al gobierno. Otros, como Lilita Carrió, claman contra un despojo, cuando en los noventa consideraban al sistema de capitalización una estafa.
¿Es una ingenuidad esperar a que alguna vez llegue el momento en que nada menos que el problema de cómo hacer que sobrevivan las personas que ya no pueden trabajar -que de eso se trata, no de ideologías- se discuta en nuestro país con el sano objetivo de encontrar paliativos? Mientras tanto y ante ese ejemplo ¿deberíamos sorprendernos al saber que unos jóvenes torturan a un matrimonio de jubilados para robarles unos pocos billetes?
¿Es fantasioso pensar que los gobernantes consideran que no existen para ellos límites de ninguna naturaleza? ¿Debe sorprendernos, entonces, que en las calles, en los reclamos sindicales, en las demandas de justicia, prime la prepotencia, la fuerza antes que la razón, en suma: la ley de la jungla?
Link:
Economía del envejecimiento, en el EMVI.
