Las crónicas periodísticas han dado cuenta del crecimiento de la desocupación registrado en Tierra del Fuego entre el primer semestre de 2005 y el mismo período del año en curso. Además, señalan que la provincia ha escalado posiciones en el ranking de todas las jurisdicciones del país según sus tasas de desempleo, precediendo a aglomerados urbanos tradicionalmente muy castigados por ese flagelo como Jujuy-Palpalá, Formosa o Bahía Blanca. Y hay algo más: sólo en cinco de las veintiocho localidades que son objeto de la medición la tasa entre ambos períodos aumentó, siendo Ushuaia-Río Grande una de ellas (las restantes son Posadas, Santiago del Estero-La Banda, el Gran Rosario y Neuquén-Plottier).
La noticia puede sorprender porque los indicadores laborales de nuestra provincia, aún en épocas de grave recesión, por lo general se ubicaron entre los más moderados. Por eso, resulta en principio llamativo que tras la recuperación iniciada en 2002 y en un marco caracterizado por señales positivas (sostenida expansión de la producción en el ámbito petrolero y en el renovado sector fabril, fuerte flujo de inversiones en los rubros inmobiliario, turístico y del comercio) aparezcan ahora estos índices preocupantes. Quizá una explicación de ello se relacione con otras señales, que han coexistido con las mencionadas.
Por ejemplo, podría pensarse en cómo fueron interpretadas determinadas medidas gubernamentales, en particular fuera de los límites provinciales. Ese sería el caso del tan mentado “megapase”, neologismo con el que quedará en la historia fueguina el proceso de incorporación masiva e indiscriminada de beneficiarios de planes asistenciales a la planta de personal de la administración pública, perpetrado por el gobierno de Jorge Colazo con el imprescindible acompañamiento —hay que decirlo— de la mayor parte del espectro legislativo y el sindical. Es muy posible que esa medida haya sido decodificada por muchos ciudadanos de otras provincias más o menos así: “Vayamos a Tierra del Fuego, porque allá enseguida se consigue un puesto en el Estado—no importa si uno es idóneo o no— con buen sueldo, obra social y jubilación a edad temprana”. Pero esta posibilidad ni siquiera fue analizada por la dirigencia, acostumbrada a no evaluar las probables consecuencias de sus acciones.
Recordemos que quienes propiciaron el megapase lo presentaban como una herramienta rápida y efectiva para atacar el desempleo. Se debe puntualizar, entonces, que los datos actuales los contradicen de manera flagrante, ya que el problema no sólo no ha disminuido sino que se ha agravado.
Pero ¿existían opciones? La respuesta no puede ser otra que un rotundo “sí”. En el momento en que se estableció el megapase, la coyuntura era claramente favorable al aumento de la producción y la creación de empleos por parte del sector privado. Claro, para los gobernantes de entonces se trataba de una alternativa mucho menos rentable en términos electorales, al menos en teoría. En la práctica, mientras que la actividad privada y su demanda de empleo crecieron, no lo hicieron en la medida suficiente como para absorber el aumento en el flujo migratorio inducido por la clara y potente señal del megapase. Por cierto, no fue lo único que no resultó como esperaban aquellos funcionarios.
Quizá sea ingenuo pretender que nuestros políticos tengan una mirada estratégica, o al menos de mediano plazo, pero sí se les debería exigir que presten atención a lo que ha ocurrido, para no volver a caer en los mismos errores. En otras palabras, sería de esperar que ante un aumento de la desocupación como el actual, las acciones gubernamentales apunten a mejorar las condiciones en que se desenvuelven las empresas para que ellas sean las que den respuestas genuinas y sostenibles al problema, y a cuidar las arcas provinciales, que no están en situación holgada ni mucho menos. Sin embargo, medidas como los puestos hereditarios en la Dirección de Puertos o el proyecto de los “veinticinco inviernos” parecen ir en sentido contrario.
Se atribuye al
economista y premio Nobel Milton Friedman (aunque él ha aclarado que no es su autor) la frase “no hay almuerzos gratis”, metáfora de lo que técnicamente se conoce como “costo de oportunidad”. El concepto refiere a la idea de la escasez que está en la raíz del pensamiento económico, y se vincula con la evaluación costo-beneficio que debería llevarse a cabo cuando se toma una decisión que implica elección. Los fueguinos estamos pagando con el desempleo de una décima parte de la fuerza de trabajo, los almuerzos supuestamente gratis que nos ofrecieron un par de años atrás. Esperemos que los responsables provinciales de tomar hoy decisiones que afectan a los asuntos económicos comprendan que, tarde o temprano, el mozo nos presentará la cuenta.
