SI NO ME TIENEN FE...

Los sistemas de registración contable del sector público son algo verdaderamente molesto. Por empezar, están establecidos por ley, lo cual sin constituir -en un país como el nuestro- una rigidez como para tirarse de los pelos, no deja de ser una preocupación. Y, encima, están sujetos a controles ex-post, por lo que pueden obligar a los funcionarios a llevar a cabo desgastantes ejercicios de memoria. En suma, todo muy desagradable para quienes por estar abocados a dar inicio a la historia, refundar la República y transformar la vieja política, no pueden perder el tiempo en nimiedades.

Por eso, a alguien se le ocurrió lo de los fondos fiduciarios, también llamados fideicomisos. Trátase (diría el Turco) de un instrumento financiero muy de moda en el ámbito privado, por el cual un particular (o "fiduciante") transfiere a otro (el "fiduciario") la propiedad de uno o más bienes durante un plazo determinado, a cuyo término un "beneficiario" designado por el primero recibirá el producido de la explotación de ese activo. El "fideicomisario" es, por último, quien recibe la propiedad del activo al finalizar el contrato.

Es un encargo de confianza (de ahí lo de fiduciario, que parafraseando a Grondona, viene del latín fides: confianza, fe) porque se transmite el dominio del bien, para constituir el "patrimonio fideicomitido".

Quizá la relativa complejidad del mecanismo resultó atractiva para quienes, en algún momento, decidieron aplicarlo a la financiación de obras públicas, percibiendo la posibilidad de esquivar por esa vía los molestos requisitos de la técnica presupuestaria y la contabilidad estatales. Es posible también que tales personajes hayan vislumbrado, no sin acierto, que en ese ámbito enmarañado era posible indefinir unos limbos, unas tierras de nadie en las que relajar, cuando no ignorar, las exigencias propias del manejo de fondos públicos. Después de todo, las hermanas y hermanos seguramente se contentarían con tener fe.

Todo parecía marchar muy bien. Era imposible sospechar que, vaya paradoja, nada menos que la AFIP iniciaría una investigación reveladora de un caso de corrupción entre privados que, no obstante ese carácter, motivó el despido de dos funcionarios y la intervención de un organismo estatal relacionados con un fondo fiduciario destinado a la ampliación de un gasoducto.

Habrá que ver cómo sigue la investigación judicial. Entre tanto, es factible suponer que los Fernández van a tener que extremar la versatilidad de sus inflamadas verbas justificatorias.