EL INDEC O LA REALIDAD MODELADA

La producción de estadísticas oficiales posee en nuestro país un sello del que en general carecen otras actividades llevadas a cabo por el sector público: prestigio. Hay una larga tradición de excelencia que arrancó a principios del siglo pasado con Alejandro Bunge (1880-1943), quien además de ejercer por muchos años la Dirección General del área fue un reconocido profesor universitario (Raúl Prebisch estuvo entre sus discípulos), fundó la influyente “Revista Económica Argentina” y resultó el precursor del enfoque industrialista en el país. Aquella impronta de calidad se extendió hasta el actual Indec, fundado en 1968 como organismo rector del sistema estadístico nacional.

Sin embargo, ello no lo ha preservado de la polémica. Imperfecta como toda obra humana, su tarea ha sido cuestionada en diversas oportunidades a lo largo de la historia, tanto por la clase política como por otros sectores de la sociedad (sindicalistas, periodistas, analistas económicos y sociales, más unos cuantos charlatanes) a los cuales no conformaban sus guarismos, por distintas causas. Los comentarios sobre resultados publicados por el Indec nos recordaron más de una vez la clásica parábola del asesinato del mensajero motivado por un mensaje considerado desagradable por el receptor.

Hay que decir, ante todo, que registrar y reflejar mediante indicadores el quehacer socioeconómico de todo un país no es ni por asomo una tarea sencilla. A la complejidad de la sociedad moderna se agregan, en el caso particular argentino, su enorme extensión territorial y la creciente informalidad, conocida como “economía en negro”, naturalmente reacia a ser medida. No obstante, los efectos de esta problemática son atenuados por diversos procedimientos de estimación en cuyo diseño confluyen disciplinas como la sociología, la economía y la demografía.

Por cierto, un obstáculo no despreciable para el buen desarrollo de la actividad estadística es el escaso apego de los funcionarios políticos a otorgar recursos financieros suficientes a los equipos de trabajo, lo que provoca demoras y otros inconvenientes. Recordemos, por ejemplo, que pese a que la ley establece que los censos de población deben efectuarse todos los años terminados en “cero”, los dos últimos tuvieron que llevarse a cabo en 1991 y 2001 a causa de dificultades presupuestarias.

Entonces, ¿a qué se debe el prestigio del Indec? La respuesta es sencilla: sus metodologías responden a criterios y parámetros aceptados internacionalmente y se encuentran documentadas, lo que les asigna transparencia y objetividad. El organismo mantiene intercambios y cooperaciones técnicas con institutos de otros países, nutriéndose de sus experiencias y avances; en el ámbito latinoamericano, está considerado como un ente de primer nivel.

Todo ello no significa que sus estadísticas sean inobjetables y no merezcan revisión; de hecho, están sujetas a controles externos e internos y a correcciones que se ejecutan en forma periódica, atendiendo además a la dinámica de las actividades que se pretende mensurar. Un ejemplo sencillo sirve para graficar esto último: la nómina de bienes utilizada hoy para calcular el índice de precios al consumidor no es la misma que la de hace dos décadas, cuando las pautas de consumo de la sociedad eran muy diferentes.

Su buena reputación se ha mantenido porque los funcionarios políticos no han interferido de modo decisivo en la gestión del organismo. El mismísimo Martínez de Hoz en su momento impulsó un índice que excluía los precios de los productos cárnicos, porque entonces como ahora influían sobre la inflación con un sesgo que disgustaba al oficialismo, pero el Indec siguió calculando también el “normal” y la cosa se diluyó en el tiempo. Grinspun, Ikonicoff, Cavallo, Fernández y, más recientemente, Lavagna tampoco se privaron de mantener unas estridentes bataholas con el organismo, que nunca pasaron a mayores.

Hasta que llegó Moreno, el funcionario que –según divulgó la prensa- llevó su desagrado por el valor del índice al extremo de desplazar a una técnica de carrera que, también según trascendidos, se habría negado a darle información que él presumiblemente pretendía utilizar para “domesticar” a algunos empresarios, y que está amparada por el llamado “secreto estadístico”.

Conviene recordar que este concepto está consagrado en la ley 17.622, y apunta a sostener los pilares del sistema, como son la objetividad y la confianza de los informantes acerca de la confidencialidad con que serán tratados los datos que proporcionan con fines estadísticos. Asimismo, merece destacarse que la obligatoriedad de respetar el secreto estadístico alcanza a todas las personas que participan de los relevamientos y procesos del Instituto, por lo cual la profesional afectada no había hecho otra cosa que cumplir con su obligación.

El retroceso que marca este triste episodio (triste, al menos, para quienes alguna vez integramos el sistema) es evidente. La confianza construida en más de cuarenta años de vida institucional se hizo añicos en un instante, para satisfacer la necesidad de ciertas autoridades de modelar la realidad según sus intereses. Uno no puede menos que preguntarse cómo se sentirán esos funcionarios cuando el índice finalmente alcance el número que ellos pretenden, y también cómo lo interpretará el conjunto de la comunidad. Lo que sí está claro, es que cuando eso ocurra la imagen de las instituciones argentinas se habrá hundido un poco más en el fango.