Amigas son las amigas

Los indicios acerca del alineamiento de Fabiana Ríos con el kirchnerismo son, desde hace algún tiempo, groseramente explícitos. Los motivos de tal fenómeno, aunque sorprendentes para un observador que recuerde por lo menos la denuncia penal que la actual gobernadora presentó años atrás contra el entonces presidente Kirchner, son comprensibles. La Argentina, un país formalmente federal, es unitario de facto, en especial en lo referido a la asignación de los recursos fiscales. De tal modo, la caja -que le dicen-  es el instrumento del gobierno central para disciplinar a los gobernadores, característica que la actual administración ha perfeccionado hasta niveles casi perversos. Se trata de la reproducción, corregida y aumentada, del mecanismo que Kirchner llevó a cabo con mano de hierro durante sus años como gobernador de Santa Cruz, con respecto a los intendentes de esa provincia.

Por más que el sistema de coparticipación de impuestos nacionales contempla un determinado esquema de reparto, la Nación -que es la que recauda los tributos por delegación de las provincias-  abre o cierra el grifo para las jurisdicciones locales en forma discrecional. El kirchnerismo ha agregado a ello los llamados "superpoderes" por los que cambia a su gusto y paladar la composición de las partidas presupuestarias, y los "fondos fiduciarios", un invento dado a luz durante los malditos noventa para manejar recursos públicos por fuera del Presupuesto, que las actuales autoridades no sólo abrazaron sin mayores escrúpulos sino que también perfeccionaron.

Como resultado de tal entramado, la mayoría de las provincias depende de las asignaciones de coparticipación para pagar los sueldos, y de la plata de los fondos fiduciarios (cuyos caminos conducen, invariablemente, al Ministerio de Planificación Federal) para ejecutar obras.

Cuando Fabiana Ríos asumió, la situación fiscal de la Provincia casi no podía ser peor. La sucesión de disparates irresponsables perpetrados por sus antecesores, Colazo y Cóccaro, dejó al tesoro provincial inmerso en una crisis gravísima. Para colmo, la mezcla de improvisación y de terco ideologismo que caracterizó al gobierno en sus primeros momentos, tendía a agravar el cuadro. Los sindicatos estatales, por su parte, alimentaban el incendio con algunos baldes de combustible.

Esto es lo que permite comprender que la administración provincial haya virado, lenta pero inexorablemente, hacia el campo político del oficialismo nacional, que poco a poco fue aportándole -en dosis homeopáticas-  el oxígeno necesario para evitar su hundimiento. Comprensible, insisto, al punto que es lo que hacen todos los demás gobernadores; más aún, es probablemente lo que hubiera hecho cualquier otro elenco político dadas las circunstancias apuntadas.

Pero no por comprensible deja de ser, por un lado, bastante triste. La fragilidad institucional argentina, por no hablar de decadencia, se manifiesta con este tipo de episodios de manera clarísima.

Pero hay algo que a uno lo subleva. Me refiero al disfraz ideológico con que los funcionarios provinciales pretenden cubrir una decisión signada por la necesidad, haciendo que parezca dictada por la voluntad. En un reciente reportaje televisivo, la gobernadora se refirió a la expropiación de la cuasi quebrada Aerolíneas Argentinas y a la apropiación compulsiva de los ahorros privados depositados en las AFJPs, como ejemplos de acciones del gobierno nacional que le permiten a ella no tener (no lo dijo con estas palabras, claro) cargos de conciencia al momento de alinearse con las políticas de Cristina Fernández. La potencia de tales medidas es notable, ya que logran evitarle además cualquier incomodidad ante tropelías como el caso Skanska, las valijas voladoras, los negociados de la diplomacia paralela con Venezuela o el sostenido crecimiento patrimonial del multimillonario matrimonio gobernante.

Entre tanto, sus funcionarios señalan que el gobierno ha logrado seguir pagando los sueldos sin efectuar ajustes. Nada dicen, tampoco, de la postergación de los vencimientos de la deuda con que han sido beneficados por el gobierno central, deuda que por otra parte, la próxima administración deberá afrontar, ni del estado patético de los servicios que el Estado provincial brinda a la población, porque de eso no se habla. En cambio, como ícono de la supuesta identidad ideológica con el proyecto, el Canal 11 de Ushuaia ha pasado a denominarse "la televisión pública fueguina". Por suerte, no emite -hasta el momento- una versión local de 6, 7, 8.