Otra vez la oligarquía?

El enfrentamiento del gobierno nacional con los productores agropecuarios puede ser objeto de varias interpretaciones.

Desde el ángulo económico, parece claro que más allá del nivel de la alícuota de retenciones, lo que se objeta es el nuevo mecanismo móvil que en la práctica implica un precio máximo. El sector siente que está dentro de un cuarto cuya pared frontal (los ingresos por exportaciones) no va a moverse, mientras la del fondo (los costos) se desplaza hacia adentro amenazando con una compresión asfixiante. De otro modo, no se explica la virulencia de la protesta, cuando el impuesto ya tiene una vigencia de varios años.

Pero a mí me parece que en la base del reclamo hay más motivaciones, las cuales permiten comprender de paso la adhesión que los ruralistas han conseguido entre habitantes de las ciudades que nunca vieron una planta de soja ni en foto.

Entre esas causas se puede citar la falsificación de las estadísticas oficiales en un entorno de crecimiento generalizado de los precios. La tan obstinada como enfermiza negación que el gobierno sigue haciendo de la realidad en esa materia es posible que haya saturado la paciencia de mucha gente. A ello se pueden agregar la "corrupción entre privados" del caso Skanska, el disparate del tren-bala, la sensación de inseguridad y otras (muchas) lindezas por el estilo.

Desde lo politico, en tanto, el kirchnerismo ha reaccionado en forma coherente con su nostálgica visión setentista: la oligarquía vs. el pueblo. Según la ensoñación oficial, unas pocas familias patricias (cuyos hijos viajan a París para tirar manteca al techo, llevando una vaca en el barco a fin de poder desayunar con leche recién ordeñada) se regodean en los lujosos cascos de sus estancias de la pampa húmeda o en sus poderosas 4x4, imponiendo al resto del país un esquema parasitario que surge de la mera feracidad de los campos. Acá abajo, en cambio, un tercio de la producción rural proviene de arrendatarios, un cuarto de la producción de soja es extrapampeana, y en el mercado desarrolla su actividad un entramado de pymes que, en realidad, lo que obligaría a utilizar el término"agroindustrias" para ser más precisos con la descripción. Unas agroindustrias que, por otra parte, desde los innombrables noventas han sido capaces de incorporar y aplicar tecnología de punta, demostrando una vocación innovadora que desmiente de manera rotunda el perfil parasitario imaginado en los think-tank oficialistas.

Desde aquella lógica, un movimiento reflejo llevó a las autoridades en dirección a la exacerbación del conflicto. Acostumbrado a disciplinar e imponer, el gobierno tensó la cuerda sin pensarlo demasiado. La reacción después del discurso presidencial debe haber sido la mayor sorpresa sufrida por el kirchnerismo en sus cuatro años y pico de gobierno. Ahora, en medio de los habituales malabarismos dialécticos de los Fernández, no parece hallar la salida al conflicto.

Después de todo, impuestos hay en todos lados (aunque en Europa, por ejemplo, los gobiernos subsidian a los productores rurales para evitar el éxodo a las ciudades) y no debería ser muy difícil sentarse en torno a una mesa para discutir política tributaria. El problema es que para dialogar hay que tener vocación de hacerlo, y esta administración, insisto, no está habituada a ello. No tiene una gimnasia de escuchar al otro, tratar de comprenderlo, contraargumentar y construir una síntesis. Cree que puede manejarse como lo hizo en su provincia originaria (iba a escribir "como patrón de estancia", pero no lo hice), y hay que reconocer que de hecho lo había logrado hasta aquí. Sin embargo, ahora las cosas parecen estar cambiando.

Patético es el papel del Congreso y los gobernadores. Porque otra arista de este conflicto radica en que la recaudación por retenciones no es coparticipada a las provincias, lo cual es un mecanismo esencial para el gobierno central en su propósito de imponer a las administraciones provinciales la política de gasto público. Los diputados han sacado una declaración de apoyo al gobierno; resta saber qué harán los senadores, que -se supone- representan los intereses de las provincias. Los gobernadores, por su parte, aún los de provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, parecen ofrecerse como alternativas de mediación, aunque procuran hacerlo con suma delicadeza para no ofender al omnímodo dueño de la caja fiscal. En la raíz de esto están la delegación de poderes del Congreso y el devaluado rol del presupuesto público, otrora "ley de leyes" y expresión del federalismo.

Hay otro costado del asunto que quiero comentar. El espontaneísmo infantil del "cacerolazo" reaparece porque el país sigue careciendo de una estructura político-institucional. No se ha reconstituido el ámbito natural de expresión de las diferentes aspiraciones políticas, que es el sistema de partidos. Lo trágico es que esa brecha resulta cubierta por lamentables expresiones de odio y fragmentación que el gobierno, lejos de desalentar, apaña, como lo ejemplifica la increíble justificación del jefe de gabinete respecto de las actitudes del profesor de cachiporra Luis D'Elía.