La sanción del presupuesto de la administración provincial para el ejercicio 2010 derivó en un conflicto que involucra a los tres poderes del Estado, cuyas consecuencias aún están por verse.
Según se ha publicado, la ley finalmente aprobada contempló una reducción en las partidas presupuestarias para el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, respecto de los valores contenidos en los proyectos remitidos al Ejecutivo. Esto, y la determinación de no prever incrementos en aquellos salarios que superen al de la gobernadora, constituyeron el detonante que hizo estallar la bomba. Una acordada del Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión.
Por un lado, resulta evidente que hubo un manejo político al menos poco cuidadoso de la cuestión por parte del poder administrador, lo cual explica las declaraciones de un funcionario judicial señalando que no había habido consultas previas a la decisión del recorte. Sin embargo, es necesario admitir que el área de hacienda debe compatibilizar y conciliar los requerimientos de los diferentes poderes y organismos, con el cálculo de ingresos, a fin de lograr en lo posible un cierto equilibrio en las cuentas fiscales. Así y todo, lo frecuente (más aún en el caso fueguino) es que se produzca una brecha entre las erogaciones y los recursos presupuestados, que deberá cubrirse con financiamiento (deuda); también es común (e irregular) que el presupuesto no indique las fuentes de ese financiamiento, o que lo haga vagamente.
Por último, debe recordarse que es potestad del Poder Legislativo laudar en última instancia sobre estos asuntos, fijando los valores de las diferentes partidas y los mecanismos de financiamiento en la ley respectiva.
Expresado en otros términos: el proceso presupuestario que se inicia con los requerimientos para el ejercicio, continúa con la formulación del proyecto y deviene en la sanción de la ley (pero que no termina allí, ya que prosigue con su ejecución y el correspondiente control) es el mecanismo establecido en un sistema democrático, por el cual la sociedad -mediante sus representantes- determina el monto de los gastos del gobierno, estableciendo cuáles se llevarán a cabo en el curso del año y cuáles se postergarán.
- Costo vs. calidad
Hay al menos dos argumentos en la reciente acordada judicial que llaman la atención. Uno, el de la inconstitucionalidad, porque es precisamente la Carta Magna fueguina la que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo superior al del gobernador. Otro, el que vincula la independencia de los jueces a la cuestión salarial, lo cual parece al menos una exageración. Porque, de ser así, cabría preguntarse cuál sería el nivel de sueldo (¿40.000.-, 50.000.-, 1.000.000.-?) que garantizaría la honestidad de un magistrado: visto de este modo, este planteo en mi opinión suena bastante estrafalario.
La cuestión se enmarca en el interminable forcejeo por los recursos fiscales en que está inmersa buena parte de la sociedad fueguina, lo cual incluye como protagonistas principalísimos a todos los sindicatos de trabajadores estatales (el Estado tiene a su cargo algo así como el 40% del empleo provincial). Por ejemplo, la fueguina ha sido una de las tres jurisdicciones del país en las que este año no han comenzado las clases, debido a un paro docente por tiempo indeterminado. Pero, además, debe tenerse en cuenta que las leyes determinan que una parte de los ingresos fiscales provinciales deban transferirse a las Municipalidades (coparticipación de impuestos federales y provinciales, y regalías por combustibles), y que también hay asignaciones preestablecidas con fines asistenciales y de promoción social. Con lo cual, el margen de maniobra del fisco queda reducida a su mínima expresión. De hecho, en la actualidad la obra pública en su totalidad se financia con fondos nacionales, con lo cual las decisiones en la materia han quedado fuera de la órbita de las autoridades locales.
Se suele opinar respecto de estos asuntos basándose en valores absolutos. Por ejemplo, hay quienes recuerdan que los salarios estatales, incluyendo los de los docentes, están entre los más altos del país , y también quienes apuntan que el régimen laboral (vacaciones, jubilación, obra social) del sector público contempla importantes ventajas respecto de los vigentes para los trabajadores del sector privado.
Sin embargo, hay un aspecto que pocas veces es puesto sobre la mesa, y que se refiere a la calidad de los bienes públicos provistos por el Estado fueguino, comparándolos con el elevado costo salarial que ese mismo Estado (es decir, la sociedad en su conjunto) eroga para brindarlos. Esta relación, como lo ha señalado un reciente editorial de "El Diario del Fin del Mundo", presenta resultados amargantes, por decir lo menos. Sería interesante que la comunidad empiece a plantearse si es posible aspirar a una mejora en los servicios de enseñanza, salud, seguridad, etc. que hoy recibe del gobierno provincial.
Conclusión de este post: de manera recurrente, la cuestión fiscal irresoluta aparece como telón de fondo de todos los problemas de índole política y económica en Tierra del Fuego. Alguna vez, el problema deberá ser debatido sin subterfugios y con honestidad intelectual, punto de partida para plantear soluciones. Entre tanto, seguiremos así.
Link: editorial de El Diario del Fin del Mundo del 1ro. de marzo de 2010.
(La imagen pertenece a Crónicas Fueguinas)
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