La semana pasada fue bastante dura para mí, y no sólo porque San Lorenzo perdió la ventaja de cinco puntos que llevaba en el torneo Apertura con el que la AFA clausura el año futbolístico.
El gobierno nacional logró la aprobación en Diputados de su proyecto de ley para la confiscación de los fondos de los aportantes al sistema jubilatorio de capitalización. No es que ello no resultara esperable, puesto que en dicha cámara también había logrado avanzar la ley sobre retenciones al agro luego bloqueada en el Senado. Lo desalentador del hecho fue el pobre desempeño de la oposición, que en ningún momento logró plantear el debate en torno a los dos ejes, a mi humilde modo de ver, que debían ser centrales: uno, que el proyecto oficial no estaba respaldado por un análisis basado en estudios demográficos y proyecciones actuariales, y dos, la cuestión nada menor del avasallamiento al derecho de propiedad, y sus consecuencias sobre la calidad institucional y las perspectivas macroeconómicas. Para no hablar de la conversión de los aportes, que de ser un ahorro pasarán a constituir un impuesto, ni del desprecio por la voluntad de quienes optaron por no pasarse al sistema de reparto cuando el gobierno abrió esa opción el año pasado.
Además, supuestos opositores como María América González, Claudio Lozano y los ex aristas del SI liderados por Macaluse (entre los cuales se encuentran los diputados fueguinos que aquí aún dicen pertenecer al ARI), acompañaron la inciativa desde un enfoque ideológico, sesgo que también por momentos involucró a los radicales, aunque estos últimos no llegaron al extremo de aquellos. No es que el debate ideológico sea criticable, sino que en este caso -como en tantos otros planteados por el kirchnerato, empezando por la ya olvidada entelequia de la transversalidad- llevar las cosas a ese campo no fue más que hacerle el juego al oficialismo, y cada uno de nosotros deberá concluir si lo jugaron por ingenuos o por pícaros. Prueba elocuente de que la ideología no preocupa al gobierno es que encumbrados funcionarios gubernamentales actuales, como el secretario general Oscar Parrilli, fueron fervorosos defensores del sistema de capitalización en los debates parlamentarios de 1993.
En medio de esos devaneos, semioculto bajo las esquirlas de los epítetos cruzados por dos señoras diputadas, se produjo el recorte a las facultades de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que por obra de una resolución del Procurador General ha quedado reducida a una dependencia dedicada a sumariar a empleados de carrera, no a los políticos. Estamos hablando del organismo que investiga el caso Skanska, las manipulaciones de estadísticas de precios en el INDEC y las denuncias por supuestos pagos de sobreprecios contra el secretario de Transporte.
Cuando uno llega a cierta edad, cree que su capacidad de asombro está colmada. Sin embargo, la Argentina se encarga de advertirle, una y otra vez, que ese límite puede extenderse ad infintum.
Menos mal que ayer ganó San Lorenzo...
(Nota: la imagen, que pertenece al diario Clarín, es del Dr. Esteban Righi, Procurador General de la Nación. Quise recordar aquí su cara.)
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