La Provincia padece una grave crisis económica. Ese es el mensaje que los fueguinos recibimos en forma cotidiana, desde todos los puntos del arco dirigencial. Políticos (salientes y entrantes), dirigentes sindicales (perennes), empresarios y periodistas coinciden en el diagnóstico apocalíptico.
Por mi parte, no estoy de acuerdo: la situación no se parece en nada a la de una crisis, al menos
como la entendemos los economistas. No estamos en una aguda recesión, ni tampoco se ha interrumpido de modo abrupto un proceso de expansión.
Pruebas al canto. Por el lado de las empresas, la industria electrónica, la misma que con el colapso de 2002 había casi desaparecido, sigue mostrando interesantes niveles de producción y de demanda de mano de obra, mientras desarrolla importantes planes de inversión. Para comprobarlo, sólo hay que dar una vuelta por el parque industrial de Río Grande. Y el crecimiento podría ser mayor, de no mediar el "lobby" de ciertos grupos en contra de la concreción de algunos proyectos importantes.
El comercio y la hotelería también muestran señales de expansión. Han madurado inversiones en infraestructura que mejoraron la calidad de los establecimientos: locales bien presentados, así como hoteles y restaurantes de diferentes categorías, están en condiciones de atender a los distintos segmentos de un turismo extranjero que esta temporada ya ha "invadido" a Ushuaia. En la calle San Martín de la capital provincial, el núcleo de negocios que antes se restringía a cuatro cuadras céntricas se ha expandido hasta cubrir casi toda su extensión, y algunas inversiones en marcha sobre la avenida Maipú parecieran querer cambiarle el rostro a esa arteria, incorporándola en el futuro al circuito comercial.
Todo esto ha generado una recuperación del empleo y del consumo de las familias, lo que a su vez retroalimenta el proceso de recuperación. En Río Grande, por ejemplo, ello ha obrado como un revitalizante para el sector del comercio minorista, tras largos años de recesión.
Algunos indicadores indirectos apuntan en el mismo sentido: en las dos ciudades principales crece el consumo de energía eléctrica (tanto de las empresas como de las familias), mientras el índice de creación de empresas no decae. En el mercado laboral, bajan las tasas de desempleo y de subocupación, y aumenta la de actividad.
En síntesis, el sector privado de la economía (empresas y hogares) no está en crisis, sino todo lo contrario. En cambio, es el sector público el que muestra signos preocupantes, con un gobierno provincial que tiene inocultables dificultades para cumplir sus compromisos, mientras su endeudamiento crece cada día...
De manera que, para ser más precisos, deberíamos decir que hay una crisis fiscal que, en caso de no resolverse, puede arrastrar al sector privado y desembocar, entonces sí, en una crisis global. De hecho, los retrasos que vienen sufriendo los acreedores del Estado (en especial, los contratistas de obras) ya están haciéndose sentir en muchas pequeñas empresas, y extendiéndose a su vez hacia sus empleados y proveedores
Cuando se identifica de ese modo al sector público con el conjunto, se pierde de vista el rol estatal de proveedor de bienes públicos, mientras se olvida de manera definitiva la cuestión de la calidad de los servicios que los administrados reciben. En cambio, pareciera que el Estado sólo existe para inventar y mantener puestos de trabajo asignados por "motivos políticos", y que su finalidad última consiste en pagar muy buenos sueldos a sus empleados, a toda costa.
Así se explica que, por ejemplo, con tan tremenda crisis fiscal (que no empezó por cierto el día en que Cóccaro perdió las elecciones) la "empresa" dedicada a brindar el servicio de energía eléctrica en Ushuaia continúe repartiendo cada año entre su personal sus supuestos excedentes, en lugar de dedicarlos a infraestructura o a bajar la tarifa que cobra a los usuarios. Y digo que esos excedentes no son reales, ya que la "empresa" (insisto en el entrecomillado) jamás generó los recursos necesarios para financiar sus inversiones, como lo tiene que hacer cualquier empresa privada en condiciones normales. Algo parecido sucede con la Dirección de Puertos, que también distribuye "beneficios" a sus empleados mientras la obra de Caleta La Misión sigue parada por falta de financiamiento.
La administración que se hará cargo del gobierno en menos de un mes tiene un desafío muy complejo, quizá gigantesco, por delante. La expectativa popular está razonablemente centrada en una mejora de la calidad institucional, expresada en la necesaria erradicación de prácticas corruptas y del clientelismo; sin embargo, es muy posible que en el plano económico ello no sea suficiente. Y que tampoco lo sea la llamada a la solidaridad que ha expresado el futuro ministro de economía, en la medida en que los contribuyentes no vean que su aporte solidario no tiene una contrapartida.
