lunes, agosto 17, 2009

Finanzas públicas fueguinas: la solución existe


A esta altura de los acontecimientos, no escapa a nadie en Tierra del Fuego que la situación financiera del gobierno provincial es complicadísima. Así lo ha dicho la gobernadora, mientras que el ministro de economía declaró estar abierto "a que nos digan cómo se sale de esto", confesión angustiante, más que por su contenido, por confirmar el grado de improvisación predominante en el elenco gubernamental.

Sin embargo, el desesperado pedido de Rubén Bahntje ha sido escuchado, afortunadamente. En efecto, el máximo dirigente del sindicato docente local, Raúl Arce, ha declarado que la solución es "aumentar los ingresos que le corresponden por ley en cuanto a la coparticipación nacional". Era eso, muchachos, y nadie se había dado cuenta. Así es la vida: muchas veces tenemos las soluciones al alcance de la mano, pero no las vemos. Arce informa también cuál es la herramienta para alcanzar esa solución: el gobierno debería, sencillamente, "hacer un reclamo tan efusivo como el maltrato que ha hecho a sus empleados".

El gremialista debería ampliar el alcance de su sabiduría, avisándole a Daniel Scioli dónde está la solución a sus penurias. En efecto, desde hace bastante tiempo los sucesivos gobernadores de la provincia de Buenos Aires -desde Duhalde en adelante- vienen pugnando sin suerte por aumentar la alícuota de coparticipación. Y ello, pese a tratarse del principal distrito del país que, por eso mismo, tiene en el Congreso una nutrida tropa de avezados representantes. De conocer la panacea recetada por Arce, entonces, los gobernantes bonaerenses resolverían su desfinanciamiento con el simple expediente de hacer un reclamo efusivo, aunque sin necesidad, claro, de maltratar a sus empleados.

Resulta comprensible que los docentes fueguinos sigan en pie de guerra: su principal dirigente gremial le enseña el camino correcto al gobierno, que con inexplicable obcecación se rehusa a seguirlo.

Así estamos.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Buenas tardes Lic. Mastroscello: probablemente me equivoque, pero, ¿es posible que Tierra del Fuego, si el gobierno nacional siguiese el planteo de Raúl Arce, reciba por coparticipación federal una suma menor de la que recibe actualmente? Pienso esto ya que tengo entendido que la provincia no aporta demasiados recursos al Tesoro Nacional. Sin embargo, el criterio de equidad en beneficio de las provincias más pequeñas y que menos aportan al estado nacional, termina favoreciendo a estos distritos. Por otra parte, ¿no es este "criterio de equidad" el que fomenta la irresponsabilidad fiscal y el derroche en muchas provincias? Hace algunos meses, Adrián Lucardi, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), planteaba, básicamente, que el modelo económico de las provincias argentinas tiende a premiar la falta de criterios medianamente racionales en el gasto público, ya que, al fin y al cabo, aunque sea como última instancia, el estado nacional asiste a las provincias, con lo cual estas nunca llevan a cabo las reformas políticas, económicas e institucionales, que serían necesarias para promover la competitividad de modo de atraer inversiones, no sólo de otras partes del país o del mundo, sino de los propios habitantes de los estados subnacionales, quienes muchas veces prefieren mantener sus ahorros "en los colchones", como se suele decir, esto es, ni siquiera en cuentas bancarias, siendo esta decisión más aceptable. Henry Hazlitt, en "La Economía en una Lección", menciona ésta acción como beneficiosa, ya que permite el otorgamiento de créditos a personas que los solicitan a las entidades. Por último, personalmente, más allá de las acciones que realizó o no el gobierno de Fabiana Ríos, veo muchos análisis demasiado simplistas, puesto que parecieran ser los sindicatos las "cenicientas" víctimas de la voracidad y maldad de tremebundos personajes gubernamentales. El punto es que los gremios que exigen quinientos pesos al básico después protestan por el asfixio de las cuentas provinciales. Escuché a algún funcionario decir que tampoco entiende el reclamo, puesto que sindicalistas dicen "son quinientos pesos nomás, a cada empleado público". Sin embargo, este mismo miembro del gobierno razonaba de una manera sustancialmente diferente, ya que esa suma al básico implica un aumento en el resto de los ítems, por lo que el dinero reclamado por los gremios termina siendo el doble del que plantean a cuatro vientos. Si los sindicalistas son personas preparadas para poder representar a los trabajadores, más allá del interés circunstancial lógico de los quinientos pesos, ¿no terminan perjudicando a sus mandantes sectoriales que se quedarán, como se diría en buen criollo, "sin el pan y sin la torta", al verse imposibilitado el gobierno de solventar en el mediano plazo semejante erogación, sumada a la que ya debe afrontar? Perdone la extensión del texto. Muchas gracias. Mario Casabona Guerra.

Miguel A. Mastroscello dijo...

Mario, muchas gracias por su comentario, conb cuyos conceptos coincido en términos generales.

El diseño del sistema impositivo argentino estimula el comportamiento imprudente de los gobiernos provinciales en materia de gasto. Paradójicamente, esa conducta los termina convirtiendo en súbditos del poder central, al que deben acudir desesperados en pos de auxilio.

Creo que lo que en Tierra del Fuego se ha agotado es la visión de un Estado que puede gastar lo que sea, porque "de algún lado" van a salir los fondos.

Saludos.

Anónimo dijo...

Muchas gracias por la respuesta, Lic. Por otro lado, espero que ojalá se haya agotado esa visión del estado, porque es la que llevó, en mayor o menor medida, a la actual situación. En lo personal, lamentablemente creo que todavía existen resabios muy importantes. Pero, como reza el refrán, "la esperanza es lo último que se pierde". En este caso, la existencia de visiones alternativas tendría consecuencias importantes, quizás no a corto plazo, pero sí en el mediano o largo alcance, con lo cual sería mucho más grato intelectualmente adherir a ideas que en la actualidad no son bien ponderadas. Nuevamente muchas gracias por la respuesta. Mario Casabona Guerra.

Paulina dijo...

No sé si tenemos los representantes que nos merecemos, o los "que supimos conseguir"... hay entre los docentes gente mucho más capaz que Arce; no lo dudo.
Una amiga de mi hija, que es licenciada en Comunicación Social egresada de la UBA y domina el inglés y el español oral y escrito, se está preparando para rendir las cinco (sí, léase bien, cinco) materias que debe aprobar a nivel universitario (Historia Latinoamericana, Historia de la Diplomacia, Economía y otras que no recuerdo) para ingresar a los dos años de la carrera de "diplomacia", que le permitirían -previa aprobación de todas las instancias- acceder a un cargo inicial de la carrera en el exterior. Muy bien: va a representar al país. ¿Y por qué tan pocas exigencias para quienes nos representan en el Congreso y en el ejecutivo en todas sus instancias?

Paulina

Miguel A. Mastroscello dijo...

Paulina:

Buen punto, el suyo. Es una cuestión compleja, porque, por un lado, anteponer la acreditación de ciertos requisitos en materia de prepaparación para acceder a cargos en los poderes legislativo y ejecutivo puede ser tildado de antidemocrático, en el sentido de constituir una traba al libre acceso de cualquier ciudadano a esas instancias.

Sin embargo, los requisitos están aceptados no sólo para ocupar cargos diplomáticos, como Ud. bien dice, sino también para ejercer puestos en el poder judicial. A nadie se le ocurriría que un juez, un fiscal o un secretario de juzgado no posea título de abogado. Sin embargo, si se exigiera cierto nivel de capacitación para los otros poderes, medio mundo pondría el grito en el cielo.

También es cierto que la titulación en derecho, economía o cualquier otra disciplina, no es garantía de idoneidad...

Me parece que es un tema que daría para ser debatido.

Saludos.