El bochornoso espectáculo del interminable conflicto entre los gremios estatales y el gobierno provincial parece haber anestesiado a la opinión pública, tal vez hastiada por una sucesión de declaraciones de ambos bandos, pletóricas de chicanas, agravios y hasta amenazas de diverso calibre.
Digo esto porque sólo una pérdida de la sensibilidad o un descenso vertiginoso en el umbral de la capacidad de asombro colectiva, pueden explicar que haya pasado casi inadvertido un hecho ocurrido durante una reunión llevada a cabo la semana pasada en la Legislatura, donde se analizó un proyecto para sancionar una nueva ley de educación.
En ese ámbito, y ante la propuesta del legislador radical Gabriel Pluis para que se declare a la educación como un servicio esencial, el representante del sindicato docente Raúl Arce se opuso, apuntando -sin ponerse colorado, supongo- que la OIT no lo considera de esa forma porque su carencia "no pone en riesgo la vida humana" (sic).
La tosquedad, por decir lo menos, de la posición del gremialista habla por sí sola y justificaría terminar aquí mismo este comentario, pero quiero agregar un par de cosas, además de las que ha apuntado con acierto desde su blog mi amigo Francisco (ver cliqueando aquí).
Las condiciones de trabajo de los docentes fueguinos están regladas por un estatuto del que se puede afirmar que se encuentra entre los más benignos de la muy relajada esfera de los regímenes laborales estatales. El cuidadoso diseño de un entramado de beneficios, permisos, licencias y demás ventajas y ventajitas, permite suponer que estos trabajadores (recordemos que les gusta autodefinirse como tales, no como docentes ni -mucho menos- maestros) difícilmente se verán afectados por el stress y demás peligros que acechan a otros asalariados en estos tiempos difíciles.
Tales ventajas incluyen, claro, el aspecto salarial, no obstante lo cual y como apunté al principio, el sector no cesa de reclamar por aumentos y compensaciones. Con la llegada de Fabiana Ríos al poder, varios de sus dirigentes sindicales asumieron en cargos de la estructura política, por lo que un observador ingenuo hubiera pensado que las cosas iban a encarrilarse. Sin embargo, y pese a que la gobernadora accedió a dar incrementos (que se sumaron a los otorgados por su antecesor Cóccaro cuando estaba en campaña por su reelección, luego frustrada en las urnas), el asunto no se resolvió y la conflictividad se mantiene.
Hay, por un lado, una puja interna gremial que se dirime en este terreno, cuyos protagonistas han demostrado con creces que carecen de los mínimos escrúpulos necesarios como para no utilizar a los alumnos como rehenes. Esto es sabido, y además constituye la causa de la insólita postura de Arce aludida al comienzo: si la educación adquiriera el status jurídico de servicio esencial, ya no sería tan fácil privar a los chicos de su derecho a asistir a clases.
En el fondo, por supuesto, está la concepción del papel del Estado. Tal como están las cosas, parecería que la estructura estatal -sostenida, no hay que olvidarlo, por los recursos detraídos mediante impuestos a los ingresos que genera el sector privado- existe sólo para tener empleados y pagarles buenos sueldos, sin tomar en cuenta la calidad de la contraprestación laboral respectiva.
La patética situación que presenta hoy la administración pública provincial, presa de un déficit crónico que ha hecho declarar al ministro de economía que "sólo se pretende flotar", es la demostración palmaria de la fragilidad de aquella postura.
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