martes, diciembre 22, 2009

Hay que volver a pensar al Estado fueguino


Casi a diario, el Estado fueguino muestra los síntomas de su gravísima crisis. La agotadora sucesión de conflictos con los distintos sindicatos de empleados gubernamentales es el emergente más notorio de esa situación, aunque no el único. Los ciudadanos nos estamos acostumbrando a que cualquier servicio a cargo del sector público provincial demore mucho más que lo razonable, sea deficiente o, directamente, no se preste.

Los padres que envían a sus hijos a las escuelas estatales soportan la pérdida de días de clase que los paros docentes han generado. Por supuesto, aunque los huelguistas declaran que los paros se hacen en defensa de la escuela pública, lo que logran es dañarla: hace tiempo que viene aumentando la matrícula en las escuelas privadas. A estas últimas concurren, claro, los chicos de hogares que pueden pagar, mientras que los establecimientos estatales van quedando reservados a quienes no tienen más remedio que aceptar su creciente pauperización.

Algo similar ocurre en el campo de la salud, donde el deterioro de los hospitales -también, acosados por los conflictos salariales- se suma a la crisis financiera de la obra social de los empleados públicos, lo que determina retrasos en los pagos a proveedores y prestadores. Esto último se vincula con el sistema de jubilación de los estatales, administrado por el mismo instituto, que también tiene dificultades para pagar sus haberes a los beneficiarios.

Los proveedores y contratistas que todavía asumen el riesgo de interactuar con la administración, penan por los pasillos de las distintas oficinas entre las que circulan los expedientes, en muchos casos sin saber si alguna vez llegarán a la ansiada instancia de la "liquidación y pago". Hace demasiado tiempo que han entregado los suministros o ejecutado las obras y, en consecuencia, han afrontado los gastos (en salarios, materiales e insumos) derivados de los contratos, por lo que tendrán que asumir como quebrantos los intereses y demás costos provocados por las demoras de la contraparte en pagar lo previsto.

Los trabajadores estatales protestan porque perciben sus haberes en forma escalonada y exigen incrementos casi sin solución de continuidad. De productividad, ni hablemos. Un censo realizado en 2008 por encargo del Gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados (excluyendo la Legislatura y la Justicia) determinó que el 56% de los empleados de la plantilla tiene de 3 a 5 años de antigüedad, lo que implica dos cosas: la primera es que los miembros de ese segmento ingresaron con el tristemente célebre "megapase" de Colazo-Cóccaro y la segunda, consecuencia de la anterior, es que no se les ha exigido requisito alguno de idoneidad o capacitación. Es más: el 65% de los censados respondió que posee la calificación necesaria para su trabajo, de lo que se deduce que no estarían demasiado dispuestos a tratar de mejorar. Y un dato adicional: sólo el 9% posee educación universitaria completa, lo cual ha de ponderarse teniendo en cuenta que el relevamiento abarcó al personal del sector salud.

Una posibilidad es que, de seguir esto así, en algún momento se produzca un colapso de consecuencias dolorosas y hoy difíciles de dimensionar. Pero hay una alternativa: que el deterioro general se vaya acentuando en forma lenta y paulatina, encaminando a una sociedad anestesiada en una pendiente descendente a cuyos costados irán quedando jirones de lo que alguna vez constituyó el entramado de servicios de educación, salud, seguridad, justicia, etc. a cargo del Estado.

Los presupuestos estatales acumulan déficits astronómicos año tras año, con una liviandad asombrosa por parte tanto de las autoridades del Ejecutivo como de los legisladores. Pareciera que el gigantesco y creciente endeudamiento derivado ("Si tienes un dólar de déficit, tu deuda está aumentando", G. Mankiw) es sólo una suerte de entelequia administrativa, una partida más en la planilla de las cuentas públicas, y no un problema grave cuya resolución deberá llegar tarde o temprano y no será gratuita.

Es indudable que los fueguinos deberemos volver a pensar al Estado para actuar en consecuencia, y que eso ocurrirá sólo cuando la comunidad asuma que por esta vía el destino es incierto. El tiempo que transcurra hasta que llegue ese momento determinará la cuantía del daño que sufrirá la sociedad en su conjunto.

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