lunes, diciembre 28, 2009

La polémica por la coparticipación a los municipios


Respecto de la situación del estado fueguino, decíamos tiempo atrás: "... lo que resulta evidente es el agotamiento de una visión "estadocéntrica" que considera que el sector público existe sólo para tener empleados muy bien pagos y con condiciones de trabajo privilegiadas respecto de quienes laboran en el ámbito privado. La expresión económica de ese modelo es a todas luces infinanciable. Cualquier decisión correctiva que se tome tendrá consecuencias dolorosas."

La semana pasada, la gobernadora Ríos impulsó una modificación al Presupuesto 2010, por la que se elevaría el valor de las partidas de erogaciones para salud y seguridad en un monto equivalente al 10% de la coparticipación de recursos calculada para los municipios, cuya simultánea reducción mantendría la cuantía prevista de gastos totales. La noticia, como era de esperar, puso inmediatamente en pie de guerra a los intendentes.

Además de la notable capacidad del gobierno para aumentar el número de sus oponentes políticos, hay varias cuestiones que esta situación pone en evidencia.

Por un lado, el grado de desconocimiento e improvisación con que el elenco gobernante llegó a la función hace ya dos años, algo de lo que P & M ya se ha ocupado más de una vez. El tema de la distribución de los recursos fiscales tenía que ser, por razones obvias, uno de los puntos centrales de cualquier programa de gobierno, y no haberlo planteado desde el comienzo ratifica que no había siquiera un esbozo de plan.

Por el otro, la mezcla de voluntarismo y demagogia que llevó al gobierno a eliminar tiempo atrás (con el consecuente batir sobre el parche del tambor progresista) el arancelamiento de los hospitales públicos, acentuando el desfinanciamiento que hoy pretende cubrir en alguna proporción con la medida comentada.

Vale la pena hacer un poco de historia. Cuando a partir de 1983 el país volvió a la normalidad institucional, las elecciones en Tierra del Fuego -que mantenía su status de "territorio nacional"- determinaban sólo la composición de la Legislatura, por una parte, y de los poderes ejecutivo y legislativo en el nivel municipal. La designación del gobernador seguiría siendo facultad del Presidente de la Nación hasta 1991, cuando la jurisdicción se convirtió en la más joven provincia argentina y el cargo fue sometido por primera vez a la voluntad popular.

Así fue que cuando llegó el momento de tratar en la Legislatura la propuesta de distribución de los principales recursos fiscales (regalías por combustibles, coparticipación de impuestos nacionales y tributos locales) entre las administraciones del territorio nacional y de los dos municipios, el resultado fue una ley que reflejó la relación de fuerzas existente entonces entre las diferentes fracciones políticas. En efecto, el justicialismo detentaba no sólo la mayoría en la Legislatura, sino también las intendencias de Ushuaia y Río Grande, por lo cual el régimen sancionado resultó relativamente beneficioso para el nivel comunal, en desmedro del fisco territorial cuya administración estaba a cargo de un gobernador radical (designado por el presidente Alfonsín).

De modo que en principio hay que recordar que el asunto tiene una antigüedad de casi un cuarto de siglo y que corresponde a una "fotografía" que ya presenta un marcado tono sepia. También es cierto que su resolución no será sencilla, como lo ejemplifica la larga controversia que por el mismo tema mantienen la Nación y las provincias. La complejidad del cuadro patentiza la necesidad de un profundo debate, que abarque a la totalidad de las relaciones del Estado con la comunidad y sus instituciones, el cual no parece avizorarse entre la humareda de la pirotecnia verbal que en estos días intercambian los protagonistas de una y otra parte. Pero que, tarde o temprano, tendrá que producirse.

4 comentarios:

Todos Gronchos dijo...

Qué temita... Muy buen artículo, gracias!

Saludos y buen año para todos!

Mastrocuervo dijo...

Gracias por su visita, Mr. Groncho.

Retribuyo sus saludos y augurios.

Luiggi dijo...

La discusión sería válida si todos los actores depusieran actitudes revanchistas. No cabe duda de que con Municipios que no brindan ni Salud ni Educación deberían aceptar aportar para el bienestar general, pero claro nadie quiere verse perjudicado hacia futuro dadas las expectativas de cada uno en el plano de sus aspiraciones políticas. Es mejor ser intendente de un municipio rico que Gobernador de un Estado pobre.

Mastrocuervo dijo...

Comparto tu apreciación, Luiggi. Priman las expectativas personales antes que el bien común. Los municipios no quieren aflojar ni asumir más servicios, y la provincia está desesperada por manotear recursos. En algún momento, los dirigentes tendrán que parar la pelota para ver cómo sigue esto, pero lo malo es que la comunidad está como anestesiada, sin pasar de la queja. Está difícil, el asunto.